"He firmado el decreto que quita la suspensión de la orden de extradición al señor alias 'Chiquito Malo'. Si es capturado inmediatamente debe ser extraditado", escribió el mandatario en su cuenta de X.

Ávila Villadiego es requerido por una corte federal de Estados Unidos por cargos relacionados con narcotráfico y concierto para delinquir.

En abril pasado la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York amplió la acusación en su contra al incluir delitos de narcoterrorismo y apoyo material a una organización terrorista extranjera, después de que Washington designara al Clan del Golfo, la agrupación armada delincuencial más grande del país, como grupo terrorista.

Petro sostuvo que "para lograr éxito en una negociación entre grupos armados organizados y el Estado, siempre debe haber, antes que nada, sinceridad" y reiteró que ese grupo no la tuvo.

Pese a ello, el jefe de Estado defendió la política de diálogo con las organizaciones armadas ilegales y reivindicó el modelo de conversaciones sociojurídicas diseñado durante su Administración por el entonces alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, al asegurar que buscaba combinar la desmovilización con la transformación social y económica de los territorios afectados por las economías ilícitas.

El mandatario afirmó que esa estrategia produjo resultados parciales, especialmente en materia de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos, aunque responsabilizó a la Fiscalía y a la política antidrogas promovida por Estados Unidos de obstaculizar parte de su implementación.

En contraste, el abogado del Clan del Golfo, Ricardo Giraldo, rechazó la afirmación del presidente y aseguró que la voluntad de paz de la organización "está documentada" desde agosto de 2022, cuando Petro asumió la Presidencia.

En un comunicado, el jurista sostuvo que "el proceso avanzó durante casi cuatro años mediante reuniones oficiales, resoluciones presidenciales, mecanismos de verificación internacional y acuerdos suscritos con el Gobierno".

A juicio de Giraldo, el señalamiento presidencial de que no hubo "sinceridad" desconoce la actuación de los países mediadores y de organismos internacionales que acompañaron las conversaciones.

El letrado también atribuyó al Estado la responsabilidad por el aplazamiento del ingreso de unos cuatrocientos integrantes del grupo a las Zonas de Ubicación Temporal previstas para finales de junio, al afirmar que la infraestructura y los protocolos necesarios no estaban listos.

El apoderado sostuvo además que el grupo mantiene su intención de continuar el proceso con el presidente electo, Abelardo de la Espriella, al considerar que las conversaciones fueron concebidas como un acuerdo con el Estado y no con un gobierno específico.