La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado paraguayo por el reclutamiento ilegal de dos menores de 18 años, que murieron por los abusos cometidos cuando realizaban el Servicio Militar Obligatorio y por lo cual en el 2009 el país tuvo que pedir disculpas públicas y dar una reparación a los familiares de las víctimas.

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Fue por la muerte de Víctor Hugo Maciel Alcaraz, quien fue reclutado ilegalmente cuando tenía 15 años y murió el 2 de octubre de 1995 debido a una sobrecarga de ejercicios físicos en el Cuartel General del Comando de la Primera División de Caballería, y de Gerardo Vargas Areco, de 15 años, fallecido el 30 de diciembre de 1989, tras su reclutamiento forzado en el Regimiento de la División de Infantería del II Cuerpo de Ejército.

En tanto que, en el 2001 Amnistía Internacional sacó un nefasto informe asegurando que en “Paraguay es habitual someter a malos tratos a niños de solo 12 años reclutados ilegalmente en las fuerzas armadas”, tras la trágica muerte de Pedro Antonio Centurión, argentino de 14 años quien murió por heridas de arma de fuego el 12 de septiembre del 2000 en un cuartel paraguayo.

Pese a todos estos nefastos antecedentes, en la Cámara de Senadores se presentó un controvertido proyecto de ley que busca convertir los cuarteles en una especie de “hogar militar” para capacitar y “fomentar valores” en los jóvenes.

El proyecto de ley, que modifica los artículos 3° de la Ley 569/75, 1° de la Ley N° 3485/08 Y 2° de la Ley 3360/07, fue presentado por un grupo de senadores colorados que pretenden cambiar tres artículos de las normas que regulan el Servicio Militar Obligatorio, por una parte y el de formación de oficiales de reserva (CIMEFOR).

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Específicamente, se propone que la edad para hacer el servicio militar, excepcionalmente, sea de 16 años, en caso de que los padres o tutores legales lo consideren adecuado.

El discutible proyecto de ley tiene como autor principal al senador Arnaldo Samaniego (ANR, independiente). Está además firmado por los senadores de la disidencia Luis Pettengill, Juan Afara, Óscar Salomón y los cartistas Natalicio Chase, Mario Varela y Pedro “Pipo” Díaz Verón, quienes quieren convertir los cuarteles en una especie de “hogar militar”.

Según la exposición de motivos, la ley “permitirá contribuir a la formación de los jóvenes, fomentando la instrucción, no solamente militar, sino también en labores o competencias técnicas y, fundamentalmente, en los aspectos valorativos de responsabilidad, respeto e integridad”.

Se argumenta también en el proyecto de ley “el aumento considerable y sostenido de antivalores que afectan a los jóvenes, producto de un sistema en el que la autoridad de la familia y las instituciones se encuentra atacada desde un mal entendido concepto de libertad e igualdad”.