El Ing. Leopoldo Melo, exjefe técnico de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), recordó su experiencia con el actual Gobierno de Santiago Peña. Relató que, apenas se confirmó la candidatura de Peña a la Presidencia, fue convocado junto con otros colegas para asesorarlo técnicamente.

El objetivo, según explicó, era ejecutar la mejor reforma posible para que el país reciba las inversiones que necesita. Él aportó su conocimiento de Yacyretá, donde llegó a ejercer la dirección técnica de la hidroeléctrica.

El Ing. Melo afirmó que Peña recibió “valiosos proyectos e ideas de varios profesionales” para una reforma acorde a los intereses del país. Sin embargo, sostiene que, al asumir, el mandatario presentó un equipo desconocido del ambiente energético y con tendencia empresarial.

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Tras tres años de gestión, el ingeniero la define como “un Gobierno para los empresarios y de un entorno muy íntimo”. Dice que Peña “entró con el pie izquierdo” y se mantuvo en esa línea “con arrogancia”.

Sostiene, además, que el Gobierno, con el afán de disponer de rubros para sus planes, empezó “fusilando” a la ANDE. La describe como la empresa emblema del sector, que ya venía con problemas económicos y faltas graves de inversión que, a su criterio, llevarían al colapso cerca de 2030.

Según Melo, el Gobierno se apegó al proyecto “hambre cero” y negoció tarifas “terribles” con las dos binacionales. En Itaipú, indica que el Acuerdo Lula-Peña fijó la tarifa en US$ 19,28 por kW-mes, cuando, según el Anexo C, debía bajar a US$ 8,87. Esa diferencia, de US$ 10,41, representa un sobrecosto que debe asumir la ANDE.

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El ingeniero estima que en 2026 ese sobrecosto alcanzaría unos US$ 380 millones, “que finalmente paga el pueblo paraguayo”.

El Ing. Melo asegura que el esquema se repitió en la otra binacional. Según detalla, mediante el acuerdo operativo con Yacyretá, la ANDE pasó de pagar US$ 22,63 por MW a US$ 28 hasta 2029, una diferencia de unos US$ 6 que también absorbe la estatal.

Remarcó además que ese acuerdo limitó el retiro de potencia activa del Paraguay a solo 425 MW. Afirma que con ello se tiró “al tacho de basura” la adecuación de barras hecha en la central para que el país, tras 30 años, pudiera retirar hasta 1.550 MW, “potencia que nos corresponde por derecho”.

Aclara que no incluye en su análisis el caso Atome, porque “no pudo concretarse”.

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Para Melo, a tres años de iniciado el mandato, el Gobierno goza de rubros suficientes para gastos sociales, manejados, entre otros, por gobernadores. Mientras tanto, la ANDE quedó en situación “extremadamente crítica” y ante un posible colapso financiero, que reduciría su capacidad de proteger el sistema eléctrico.

Advierte que el país está “en vísperas de un colapso energético que podría derribar gobiernos”. Añade que sacar de apuro “recomendaciones antiguas” del sector no dará resultados.

Concluye que el Ejecutivo “perdió su credibilidad y confianza” en este sector sensible y que le será muy difícil realizar cualquier reforma. A su criterio, solo un próximo gobierno “con personas más íntegras” podrá levantar la situación.