El 3 de diciembre del año pasado, el presidente de la República Santiago Peña (ANR-HC), junto con los jefes de los poderes Judicial y Legislativo y otras autoridades, hizo un pomposo acto para promulgar la Ley Nº 7389 que establece el “Régimen Nacional de Integridad, Transparencia y Prevención de la Corrupción”, mediante el cual supuestamente se comprometían a trasparentar la gestión del dinero público.

Acorralado por aplastantes nexos, Santiago Peña dice que vendió sus acciones

Al discurso de supuesta transparencia se lo llevó rápidamente el viento, ya que en paralelo el Gobierno de Peña lleva adelante contra viento y marea millonarias licitaciones a través de Itaipú, justamente con el afán de evadir los controles de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) y de la Contraloría General de la República (CGR) -la cual supuestamente “fortalecieron”-.

En el acto estuvieron presentes el vicepresidente Pedro Alliana, el jefe de la Corte Suprema de Justicia, César Diesel, los presidentes de ambas cámaras del Congreso, senador Basilio Núñez y el diputado, Raúl Latorre (ambos colorados cartistas), el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón y el contralor Camilo Benítez.

En la ley, convenientemente pretendieron justamente excluir a las binacionales, no citándolas taxativamente en el Artículo 3: “Ámbito de aplicación”, aunque esto no las exime de control y ni las convierte en un “Estado aparte”.

La oficina de Auditoría General del Poder Ejecutivo y Contrataciones Públicas se lavan las manos respecto al control de las millonarias licitaciones que realiza el Gobierno a través de los “gastos sociales” de Itaipú, alegando que si los hacen serían acciones de inconstitucionalidad, para evitar la fiscalización, sin embargo, antecedentes ratifican la potestad de revisar las cuentas de dicha institución.

Pupitres de oro: Itaipú, complaciente ante abierta violación del contrato

A modo de ejemplo, la Contraloría presentó en 2021 su “Informe Final de Examen Especial a la Deuda de la Entidad Binacional Itaipú” donde se constató la existencia de una deuda espuria reclamada por Brasil por las construcción de la hidroeléctrica.

También con mala fe el Gobierno de Peña -mediante su mayoría en el Congreso- rechazó la propuesta de incluir en el Presupuesto de Gastos de la Nación (PGN) los fondos adicionales concedidos por Brasil como parte del acuerdo para la nueva tarifa de la Itaipú.

Esto hubiese implicado que dicho dinero ingrese oficialmente el PGN, y por ende, su utilización debía pasar por aprobación del Congreso y la obligatoria fiscalización de los entes de control.

Estos caudales son los que ahora están siendo usados para la presunta compra sobrefacturada de los pupitres chinos, que aunque supuestamente ya está abierta una investigación penal, no avanza.

Mientras tanto se observan claras omisiones al contrato de compra, ya que los pupitres son armados en tinglados cedidos por municipalidades “amigas” del cartismo, y no en una planta de la empresa Kamamya del empresario Long Jiang, adjudicada con más de US$ 32 millones.

También se desarrollan otros cuestionados procesos como la adquisición de ambulancias, que generó la protesta de la Cámara de Distribuidores de Automotores y Maquinarias (Cadam) por presunto direccionamiento, al igual que una denuncia similar del diputado Mauricio Espínola (ANR, Fuerza Republicana) en el caso de compra de equipo de escuchas “legales”.

No es la primera vez que el gobierno de Santiago Peña y su mayoría aliada en ambas cámaras del Congreso vuelven letra muerta una ley en beneficio de sus intereses, ya que cuando apenas asumió aquel, casi lo primero que hizo fue tratar de dejar inutilizable la Ley Nº 7089 que “establece el régimen de prevención, corrección y sanción de conflictos de intereses en la función pública”.

Estratégicamente eliminaron todo el capítulo que impedía los casos de “puertas giratorias”, que evitaba que funcionarios estatales luego pasen a servir en instituciones privadas del mismo ramo, pero sobre todo, específicamente eliminaron la prohibición a funcionarios de ser accionistas de empresas que operen con el Estado, que fue el caso de Peña, quien supuestamente se deshizo de sus acciones en ueno Holding recién antes de ayer. No obstante, Peña omitió dicho dato de su declaración jurada de intereses aún estando en plena vigencia la obligación legal.