El pasado 13 de diciembre, la Cámara de Senadores se ratificó en su versión (la más nefasta) y sancionó un proyecto de modificación y derogación de 22 artículos de la actual Ley de Nº 7089/2023 “Que establece el régimen de prevención, corrección y sanción de conflictos de intereses en la función pública”, y que afecta directamente a este Gobierno, no solo por el hecho de que Peña es el principal ejemplo de “puerta giratoria”, sino por los casos que ahora saltan de familiares colgados de cargos públicos.

Gobierno cartista y satélites buscan “autorregalarse” leyes de impunidad

El artículo 205 de la Constitución Nacional, “de la promulgación automática”, establece los plazos que posee el Ejecutivo para pronunciarse, antes de que se dé por asumido el visto bueno a un proyecto de ley proveniente del Congreso.

En este caso, el proyecto de modificación consta de la revisión de 18 artículos y la derogación de otros cuatro (todo el capítulo relacionado a puertas giratorias), por lo que a partir de la recepción del proyecto, Peña tiene 20 días hábiles para expedirse antes de que la ley quede promulgada automáticamente.

El plazo fenece a principios del próximo año. Sin embargo, la dilación por parte del Ejecutivo, el cuestionado veto al proyecto de ley que busca evitar el “puenteo” a las fiscalizaciones de Contraloría, los escándalos con familiares ubicados en cargos públicos y los antecedentes como “puertas giratorias” de Peña y varios de sus ministros hacen temer la promulgación.

Una sentencia de muerte

El proyecto sancionado por el Congreso pretende dejar como un cascarón vacío y sin fuerza alguna la ley contra conflicto de intereses, ya que elimina todos los puntos vitales de ella y facilita la impunidad para los que incluso pretenden ocultar datos comprometedores.

Los puntos que se pretenden modificar y eliminar de la ley vigente son varios (ver infografía). Sin embargo, los más evidentes son los artículos relacionados a declarar los vínculos familiares y el castigo a los que infrinjan la ley.

La versión sancionada elimina toda obligación de identificar a familiares directos y cercanos, algo que es clave mantener para advertir casos de parientes ubicados en cargos públicos (posible nepotismo), como se sospecha que ocurrió con el hijo del presidente del Congreso, Silvio “Beto” Ovelar (ANR, HC), y ahora exfuncionario de Diputados (obligado a renunciar), Alejandro Ovelar Ayala.

No solo eso, también se pretende evitar casos (también muy habituales) de “testaferros”, es decir, parientes de políticos que figuran al frente de empresas que son adjudicadas con licitaciones estatales, presuntamente valiéndose de sus vínculos políticos.

Hasta ahora, solo los legisladores (diputados y senadores por igual) han evitado presentar sus declaraciones juradas de intereses, solicitando varias prórrogas a la Contraloría General de la República con la excusa de esperar a que se defina la modificación de la ley.

El proyecto de modificación también prevé conceder un “autoblindaje” en el caso de “olvidos” o directamente de mentir en las declaraciones juradas de intereses.

Esto debido a que taxativamente se otorga un plazo a cualquier funcionario que haya sido pillado por Contraloría mintiendo en su declaración jurada, para que la rectifique. También, se pretende obligar a la Contraloría a que demuestre que hubo “dolo”, es decir, intención maliciosa de ocultar datos para que eventualmente se aplique una sanción.

También elimina, entre los castigos para quienes violen la ley, la posibilidad de ser expulsados del cargo, es decir, someter a juicio político en el caso de miembros del Ejecutivo y del poder Judicial o a pérdida de investidura en relación a los legisladores.

¿Qué son las “puertas giratorias”?

El término “puertas giratorias” fue acuñado por los proyectistas originales de la ley para describir a altos funcionarios que rotan entre puestos gerenciales en empresas privadas y cargos públicos del mismo rubro, pudiendo estos sacar provecho de información privilegiada del Estado, o favorecer a ciertas empresas a las que estuvo ligado, con decisiones desde el Gobierno. La ley fue promulgada a inicios de este año en el gobierno de Mario Abdo Benítez, pero fue atacada incluso antes de bautizarse con los nuevos legisladores.

Ahora varios son “superministros”

El presidente, Santiago Peña, es la cara más visible de los casos de “puertas giratorias”, sin embargo, varios de sus actuales “superministros” también siguieron el mismo rumbo y ocupan importantes espacios en este Gobierno.

Peña, que fue ministro de Hacienda durante el gobierno de Horacio Cartes, y tras perder la internas de cara las elecciones presidenciales de 2018, fue acogido como funcionario de Banco Basa, que formaba parte del Grupo Cartes, según consta en documentos filtrados durante la última campaña electoral y que Peña reconoció como verdaderos al presentar denuncia penal por su divulgación.

Finalmente, Peña cierra el círculo con su retorno a la función pública, en este caso ya como presidente de la República, pero siempre de la mano de Cartes, que lo acompañó en campaña y ahora en gestión, como presidente de la Asociación Nacional Republicana (ANR).

Caso casi idéntico es el del actual “superministro” de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, que fue presidente del Banco Central del Paraguay durante el gobierno de Cartes, luego pasó a ser empleado de Banco Basa y ahora retorna como máxima autoridad económica del país.

Además, está el caso de la exministra de Hacienda y actual jefa del gabinete civil de la Presidencia, Lea Giménez; y el actual titular de Petróleos Paraguayos SA (Petropar), Eddie Jara, que también fueron claros casos de “puertas giratorias”.