Obedeciendo órdenes del comando de Honor Colorado, liderado por Horacio Cartes, el presidente Peña cayó en numerosas contradicciones (ver el cuadro).

Cuando el Senado, con mayoría cartista, expulsó a Kattya González (PEN), organizaciones sociales y empresariales, locales e internacionales, lanzaron su voz de alerta sobre la inestabilidad en Paraguay. Sin embargo, Peña eludió las consultas al señalar que era “un tema judicial”.

Sin embargo, en el caso del senador Erico Galeano (ANR, HC), acusado por lavado de dinero y asociación criminal en el caso “A Ultranza PY”, primero lo respaldó ante la Justicia en un encuentro de fútbol y lo defendió. También avaló el “des-desafuero”, una decisión inconstitucional de la Cámara Alta para que los senadores colorados cartistas procesados Galeano y Hernán Rivas no se sometan a la Justicia. El mandatario quedó de vuelta mal parado porque el Senado, presionado por la ciudadanía, dejó sin efecto el citado plan de impunidad.

En cuanto a Rivas, cuando la Iglesia Católica en la Misa de Caacupé cuestionó que senadores con títulos universitarios falsos sean “jueces de jueces”, Peña dijo que “ni un poco” le daba vergüenza esta situación y lo calificó de “amigo”.

Durante los escándalos de nepotismo de políticos con parientes en el Congreso y entes estatales, Peña solo atinó a decir todo era un “ataque” a su gobierno por parte de grupos que guardaron silencio antes. Finalmente promulgó la ley que rechazaba la iniciativa ciudadana “Chau Nepotismo”, cumpliendo su promesa de que los cargos serían para colorados y no para los “guapitos” con títulos universitarios.

Santiago Peña veta cambio a Ley de acceso a la información pública y transparencia

Prometió transparencia, pero actuó en contra. Defendió el proyecto de ley de control a ONG, alegando que pueden lavar dinero y que no son transparentes. Vetó la ley que “puentea” a Contraloría para que intendentes, gobernadores y titulares de entes puedan rendir al Tribunal de Cuentas. También vetó la ampliación de Ley de Transparencia para que el Senado lo remita al archivo, impidiendo a la ciudadanía acceder a datos públicos.