El Tribunal Popular Intermedio de Chengdu, en la provincia central de Sichuan, también privó a Wang de sus derechos políticos de por vida, ordenó la confiscación de todos sus bienes personales y dispuso que los activos obtenidos ilícitamente y sus rendimientos sean entregados al Tesoro estatal.

La sentencia establece que, una vez transcurridos los dos años de suspensión y conmutada la pena por cadena perpetua, Wang cumplirá prisión de por vida sin posibilidad de reducción de condena ni libertad condicional.

Según el fallo, entre 1998 y 2025 el acusado aprovechó sus cargos para ayudar a organismos y particulares en la gestión de sus empresas y en la captación de fondos, acciones por las que recibió ilegalmente, de forma directa o a través de terceros, bienes por un valor total equivalente a más de 436 millones de yuanes (unos 65,4 millones dólares; 58,4 millones de euros).

El tribunal consideró que la cuantía derivada de los actos de Wang fue "especialmente elevada" y causó pérdidas "especialmente graves a los intereses del Estado y del pueblo".

No obstante, tuvo en cuenta como atenuantes que gran parte de los delitos quedaron en grado de tentativa, que confesó sus delitos tras su detención, reveló hechos que los investigadores desconocían y reconoció su culpa, y que parte de lo cobrado ilícitamente ya ha sido recuperado, por lo que "la pena de muerte puede no ejecutarse de inmediato".

A finales del noviembre pasado, las autoridades disciplinarias chinas anunciaron la expulsión del Partido Comunista Chino (PCCh) de Wang por "graves violaciones de la disciplina y la ley".

La condena se produce después de que este lunes, en el marco de la inauguración de la quinta sesión plenaria del XX Comité Central, el presidente chino, Xi Jinping, presentara un proyecto de resolución para reforzar la disciplina y la supervisión internas, entre advertencias sobre el incumplimiento de las órdenes de la dirección.

Desde su llegada al poder en 2012, Xi impulsa una campaña anticorrupción que ha alcanzado a dirigentes políticos, responsables de empresas estatales y altos mandos militares.

Pekín presenta la campaña como un instrumento para reforzar la disciplina interna y combatir lo que Xi ha calificado como "la mayor amenaza" para el PCCh, aunque algunos observadores consideran que también podría servir para apartar a determinadas figuras de la vida política.