En la clausura de un curso militar especializado en la región sureña de Tarija, Paz mencionó que con el estado de excepción dictado por su Gobierno el 20 de junio, tras siete semanas de protestas, se logró volver a la "normalidad" en el país con el "esfuerzo" de las Fuerzas Armadas y la Policía, sin derramar "sangre de ningún boliviano".

El mandatario señaló que con esa medida y también mediante el diálogo fue posible "retomar el estado de normalidad de un país que estaba siendo atacado por ideología y por políticos conspiradores que no les importa qué puede pasar con la patria", sino "dónde llegar ellos primero".

Dirigiéndose "a los conspiradores", Paz sostuvo que "tienen que ir a pagar sus culpas porque no le pueden hacer daño al futuro de la patria". También expresó su deseo de que "Dios ilumine" a la Justicia y la Fiscalía "cuando se entregue a los culpables" del daño causado al país para que "sufran lo que han hecho sufrir al pueblo boliviano".

El presidente aseguró que está garantizado el derecho a la protesta "de aquellas organizaciones que tienen justos pedidos" que fueron "olvidados por tantos años, pero no aquellos que por ideología e intereses nacionales y de orden internacional, vinculados al narcoterrorismo" busquen afectar al país.

Los bloqueos se extendieron durante siete semanas entre mayo y junio y fueron liderados por la federación de campesinos de La Paz y la Central Obrera Boliviana (COB), sumando luego el respaldo de sectores leales al exmandatario Evo Morales (2006-2019), para exigir la renuncia de Paz, quien asumió la Presidencia el 8 de noviembre de 2025.

El conflicto ocasionó desabastecimiento de alimentos, combustibles y oxígeno medicinal en algunas ciudades y dejó al menos 16 fallecidos, 13 de ellos por falta de atención médica oportuna por los bloqueos, además de pérdidas económicas por más de 3.000 millones de dólares.

El Gobierno denunció un intento de ruptura del orden constitucional y acusó a Morales de financiar el conflicto con recursos del "narcotráfico", algo que el exgobernante negó.

Tras lograr acuerdos con sectores como la COB, Paz decretó el estado de excepción para levantar los bloqueos, tras lo cual la Policía y el Ejército se desplegaron en las vías para retirar los materiales acumulados para obstruir la circulación.

Esta semana, la Fiscalía admitió una denuncia penal presentada por los líderes ciudadanos de Santa Cruz, la región más poblada de Bolivia, contra Morales y otros dos dirigentes sindicales, a quienes acusan por los supuestos delitos de "alzamiento armado, terrorismo y asociación delictuosa", por los daños que dejaron las protestas.