El titular del Viceministerio de Transporte (VMT), Emiliano Fernández, afirmó el fin de semana a ABC Color que los transportistas “no tienen poder de decisión” sobre el pago de compensaciones, en medio del conflicto con el sector empresarial que paralizó el servicio desde el sábado por la falta de combustibles.

El funcionario explicó que el VMT ya inició el proceso administrativo para desembolsar US$ 3,1 millones en concepto de compensaciones, cuya orden de pago será efectivizada el lunes. A esto se sumará el pago de subsidios tras la Semana Santa, otros US$ 4,5 millones completando un flujo total cercano a US$ 7,6 millones.

“El flujo financiero está. Los recursos están”, sostuvo Fernández.

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¿Por qué deben pagar las compensaciones a las empresas?

El pago de compensaciones a las empresas de transporte surge porque durante 2025 se venía calculando el subsidio estatal sobre una tarifa promedio semestral que no reflejaba los costos reales del servicio, según datos oficiales.

Tras el cálculo de la tarifa técnica del pasaje entre enero y octubre del año pasado, que combina lo que paga el usuario y el subsidio estatal, el VMT corroboró que los valores pagados en subsidio eran inferiores a los que correspondían, por lo que ameritaba esas compensaciones.

Las compensaciones se calculan de manera retroactiva, incluso con hasta un año de demora, debido a los procesos burocráticos de aprobación de la tarifa técnica.

El Centro de Empresarios del Transporte de Pasajeros del Área Metropolitana (Cetrapam) rechaza el desembolso de US$ 3,1 millones anunciado por el Gobierno y su presidente, César Ruiz Díaz, advirtió que el pago no será aceptado ni usado para combustible hasta que se aprueben formalmente las tarifas.

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Ruiz Díaz destacó que el Consejo Asesor de Tarifas dejó constancia de que las tarifas de enero a octubre de 2025 no fueron aprobadas, ya que tres gremios de transporte e incluso el representante del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) rechazaron los cálculos.

Decisiones técnicas y no vinculantes

En este sentido, Fernández remarcó que, si bien los gremios empresariales expresaron su desacuerdo con el monto fijado, estas posiciones no son vinculantes dentro del proceso de definición tarifaria.

En ese sentido, explicó que el Consejo Asesor de Tarifa cumple únicamente un rol deliberativo, sin capacidad de decisión final. “El consejo no tiene poder de decisión. La decisión final recae en el Ministerio de Obras Públicas y comunicaciones (MOPC)”, enfatizó.

Agregó que las diferencias en torno a la tarifa técnica son habituales dentro del sistema y no invalidan los cálculos realizados por el equipo técnico del Viceministerio a su cargo, que recomendó a la ministra Claudia Centurión a aprobar las tarifas técnicas de los meses mencionados a través de una resolución.

Rechazo empresarial y cuestionamientos

Los gremios del transporte rechazan el monto de compensación establecido y cuestionan que no se haya incorporado en el cálculo la metodología impulsada por la Asociación Nacional de Transportes Públicos (ANTP), de Brasil - que se venia utilizando-, lo que según sostienen los gremios genera un desfase en los ingresos del sector.

Sin embargo, el viceministro calificó esas afirmaciones como “inexactas” y aclaró que la ANTP fue contratada para diseñar una nueva estructura tarifaria, no para recalcular valores del pasado.

“No puedo utilizar una herramienta que todavía no fue aprobada para calcular tarifas vigentes”, señaló.

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Advirtieron que el servicio es obligatorio, pero aun así la mayoría de las empresas pararon

En paralelo, el Viceministro reiteró que el transporte público debe operar de manera obligatoria. La Ley N° 7.617 establece que se trata de un servicio “imprescindible” y prevé sanciones económicas para las empresas que interrumpan la circulación.

“No es opcional prestar el servicio. Los buses tienen que circular”, advirtió Fernández antes del paro, pero aun así la mayoría de las empresas suspendió el servicio alegando que ya no tenían combustibles.

El viceministro también cuestionó la postura de los gremios respecto al orden de los pagos —compensaciones antes que subsidios— y consideró que este planteamiento no responde a criterios técnicos.

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“Son recursos financieros en ambos casos. No se entiende la exigencia de priorizar el subsidio sobre la compensación”, indicó.

Incluso sugirió que la medida de fuerza podría responder a una estrategia del sector empresarial más que a una imposibilidad real de operación.

Aunque el Gobierno asegura haber garantizado los recursos necesarios para sostener el sistema, las empresas ya adelantaron que el paro se mantiene hasta el lunes, al menos hasta que haya desembolso de las compensaciones. Con esta afirmación no tendrían otra opción más que reactivar el servicio cuando reciban este pago.

El conflicto expone una disputa de fondo: mientras el Ejecutivo defiende su capacidad de decisión técnica y administrativa, los transportistas insisten en cuestionar los criterios de cálculo y presionan por cambios en la estructura tarifaria.