El Gobierno de la República del Paraguay expresó hoy su profunda preocupación y lamentó las órdenes de arresto solicitadas por el Fiscal Jefe de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, contra altos funcionarios israelíes, al igual que miembros del grupo terrorista Hamás.

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En un comunicado oficial, el Gobierno paraguayo calificó esta interpretación como incorrecta y destacó que Hamas ha perpetrado actos terroristas, incluyendo los ataques del 7 de octubre, y continúa manteniendo rehenes y atacando a la población israelí. “Reivindicamos el derecho que tiene Israel de defender a su población”, señaló el comunicado.

El Gobierno de Paraguay subrayó la importancia de distinguir entre un Estado que actúa en defensa de su pueblo y una organización terrorista que comete atrocidades. “Es esencial hacer esta distinción para una comprensión adecuada del conflicto y para apoyar la justicia y la seguridad en la región”, concluyó el Ministerio de Relaciones Exteriores.

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En su solicitud, el fiscal Karim Khan pide autorización a los jueces para emitir órdenes de arresto contra Yahya Sinwar, jefe del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) en Gaza; Mohammed Diab Ibrahim al Masri, conocido como Deif y comandante en jefe del ala militar de Hamás (las Brigadas Al Qasam); así como Ismail Haniyeh, jefe de la oficina política del grupo palestino, autoexiliado en Catar.

Khan los considera responsables penalmente de “crímenes de guerra y lesa humanidad” cometidos en territorio de Israel y el Estado de Palestina desde al menos el 7 de octubre de 2023, lo que incluye “el asesinato de cientos de civiles israelíes” en ataques perpetrados por Hamás y otros grupos armados, así como “la toma de al menos 245 rehenes”.

Asimismo, el fiscal solicita órdenes de detención contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el ministro de Defensa, Yoav Gallant, por crímenes de guerra y lesa humanidad cometidos “en el territorio del Estado de Palestina (Franja de Gaza) desde al menos el 8 de octubre de 2023″.

Cabe destacar que Israel no es miembro de la Corte Penal Internacional (CPI), por lo que no estaría obligada a acatar una potencial orden de detención emitida por el órgano, con sede en La Haya (Países Bajos).