Los datos oficiales mostraron que, del total crediticio, US$ 101,6 millones contaban con aprobación legislativa y solo aguardaban la promulgación presidencial. Otros US$ 715 millones requerían todavía el visto bueno del Congreso Nacional, mientras que US$ 228,2 millones ya tenían contrato suscrito, pero exigían una ampliación presupuestaria para habilitar su ejecución. Mientras que, el bloque más avanzado ascendía a US$ 626,7 millones: disponía del decreto del Poder Ejecutivo que autorizaba el inicio de gestiones y, por tanto, podría entrar en fase de preparación de licitaciones y estudios de línea base. En conjunto, las cifras revelan que dos tercios de la cartera todavía dependían de trámites políticos y administrativos antes de transformarse en obra pública o programas sociales.

Si se analiza el origen de los fondos, el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) lideraba con US$ 609,2 millones o 36,4% del total. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) representaba US$ 459 millones (27,5%), la Agencia Japonesa de Cooperación Internacional (JICA) US$ 251,7 millones (15,1%) y Taiwán US$ 200 millones (12%). El Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil (BNDES) y el Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional (OFID) completaban la lista con 6,1% y 3%, respectivamente. Es de mencionar que la diversificación de acreedores reduce el riesgo de dependencia de una sola fuente de financiamiento, aunque obliga a gestionar distintos marcos de salvaguardias y métricas de desempeño.

En cuanto a los recursos de CAF, se concentraban en tres frentes. Por un lado, una Línea de Crédito Contingente de US$ 300 millones para reforzar la liquidez del Tesoro ante emergencias fiscales o desastres naturales, un esquema que ya utilizan varios países de la región. Por otro, US$ 135 millones apuntan a rehabilitar el tramo Concepción–Vallemí–San Lázaro de la Ruta PY22, estratégico para la fluidez del comercio, en general. Finalmente, US$ 74,2 millones financiarán la tercera fase de caminos vecinales y puentes, y otros US$ 100 millones ampliarán la cobertura de agua potable y alcantarillado en cuatro ciudades intermedias de la Región Oriental. La mezcla de liquidez preventiva, infraestructura vial y saneamiento sugiere una estrategia de apoyo contracíclico combinada con proyectos de impacto social directo.

El BID, segundo acreedor, distribuye su apoyo entre infraestructura y fortalecimiento institucional. Del bloque con decreto de inicio de gestión, US$ 200 millones corresponden al segundo tramo del Corredor Bioceánico en la Ruta PY-15. Además, US$ 154 millones se destinarían al saneamiento de la cuenca del lago Ypacaraí, uno de los proyectos ambientales de mayor visibilidad nacional; y US$ 75 millones financiarían la modernización de la Red Vial y la conectividad rural. A ello se suma un crédito de US$ 30 millones para consolidar la nueva Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT).

El préstamo de JICA, equivalente a US$ 251,7 millones, costeará la mejora de 154 km en el corredor Ñeembucú-Misiones y la rehabilitación de 25 km de travesías urbanas. En el plano social, el programa “Che Róga Porã”, respaldado por Taiwán con US$ 200 millones, ampliaría el acceso a crédito hipotecario y subsidios para vivienda.

El BNDES aportaría US$ 101,6 millones para la compra de aviones y tecnología de vigilancia aérea, dentro de un plan de modernización de la Fuerza Aérea orientado a la defensa del espacio aéreo y el combate al narcotráfico.

Finalmente, la cartera de más de US$ 1.671 millones refleja un mapa de prioridades donde la infraestructura vial concentra más de la mitad de los recursos, seguida de saneamiento, vivienda, defensa y fortalecimiento institucional. La diversidad de acreedores y la segmentación por etapas ofrecen flexibilidad, pero también exigen coordinación fina entre el MEF, las unidades ejecutoras y el Congreso Nacional para maximizar el retorno económico y social de cada dólar prestado.

* Este material fue elaborado por MF Economía e Inversiones