Con solo tres de 13 sentencias en contra y un contexto de retrocesos en Derechos Humanos, Paraguay recibe al pleno de la Corte IDH esta semana, en su 180° Periodo Ordinario de Sesiones.

Entre los pendientes del Estado figuran la restitución de tierras a comunidades indígenas y la creación de una ley para garantizar la seguridad de periodistas y personas defensoras de Derechos Humanos.

Sin embargo, pese a las terribles cifras, el vicedecano de la Facultad de Derecho de la UNA, Marco Aurelio González, quien también es consejero del Banco Central del Paraguay (BCP), aseguró que Paraguay es un “modelo” y “ejemplo” en comparación con otras regiones.

González se desempeñó como Procurador General de la República desde la asunción del Gobierno de Santiago Peña en el 2023, por lo que se encargó de todos los casos de Paraguay ante la Corte IDH.

“Paraguay es modelo, es ejemplo. Por ejemplo, comparándote con otras regiones, Paraguay tiene algo que no tiene otros países, que tiene una norma presupuestaria donde es prioridad el pago de la sentencia devenida de la Corte IDH. Muchas no son de fácil, de corto cumplimiento, porque requieren el trazado de camino, requieren de cumplir con la titulación de tierras y hay todo un proceso que Paraguay viene haciendo”, sostuvo.

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Una de las sentencias refieren al caso de Santiago Leguizamón, que establece realizar actos públicos de reconocimiento de responsabilidad del Estado en memoria del periodista y familiares, el pago de indemnizaciones y el reintegro de costas y gastos e impulsar la aprobación de un proyecto de ley de protección de periodistas y defensores de derechos humanos.

Sobre este caso, incluso ya existe un fondo que aún queda pendiente para depositarlo a las víctimas; sin embargo, existe una traba debido a que la asociación no cuenta con personería jurídica.

“La Corte había condenado a Paraguay a realizar un depósito para el fondo de víctimas y creo que hasta lo último que recuerdo el problema era que la asociación esta no tenía personería jurídica y el Estado paraguayo debía hacer un desembolso a una persona jurídica. Pero entiendo yo que desde vicepresidencia estaban buscando cerrar todos los cerrojos para que se pueda dar por cerrada todas las instancias de revisiones abiertas”, sostuvo González.

Sobre la revisión de la legislación para proteger a las víctimas de atentados en contra de trabajadores de prensa, Marco Aurelio dijo que si Paraguay cumple con la aprobación de la ley de protección va a estar a la vanguardia en el cumplimiento de las sentencias.

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El decano Carlos González Morel dijo, por su parte, que “estamos en un momento en todos los pueblos de la región de América, en la cual existe como una especie de poca credibilidad hacia el sistema judicial”.

Es por eso que hoy el derecho humano, el derecho a la vida, pasan a pensarse como el derecho a organizar la vida en sociedad, pero en paz, sostuvo. “Para nosotros constituye un gran honor estar participando de esta actividad y los 10.000 alumnos, 5.000 de casa central y 5.000 diseminados en las filiales, estarán participando muy activamente en esta actividad”, aseguró. Agregó que es tiempo de cambios de hombres, que deben volver al origen de servicio público, con honestidad y conducta decente.

El país mantiene un patrón de incumplimiento donde solo en tres casos logró un cumplimiento total de las reparaciones ordenadas: Ricardo Canese, Bonifacio Ríos y Fernández Gadea, y Alejandro Nissen. La característica de los casos cumplidos, especialmente los dos últimos, es que se trataban principalmente de medidas de reparación a escala individual, como el pago de indemnizaciones.

Una de las áreas de mayor incumplimiento se centra en la restitución territorial y la garantía de derechos a los pueblos indígenas en el Chaco paraguayo. Con la Comunidad Yakye Axa (sentencia de 2005), a 20 años del fallo, el Estado solo cumplió con la realización de un acto de reconocimiento de responsabilidad y otras reparaciones monetarias, sin embargo, en lo referido a lo estructural, la deuda sigue.

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Aunque la comunidad, a finales del 2022, ya se asentó en tierras alternativas a las originarias, el terreno sigue sin ser titulado a su favor.

En cuanto a servicios básicos, aunque se completó la electrificación y se entregaron 50 viviendas, aún reclaman la instalación de sanitarios adecuados y la comunidad depende de camiones cisterna para el suministro de agua en periodos de sequía.

En el caso de la Comunidad Xákmok Kásek (sentencia de 2010), el Estado ya cumplió con el pago de la indemnización por daños inmateriales comunitarios a través de un fondo de desarrollo. Sin embargo, de las 10.700 hectáreas reclamadas, 2.999 hectáreas siguen pendientes de titulación y entrega.