La Organización de Trabajadores de la Educación - Sindicato Nacional (OTEP-SN), sacó un comunicado relacionado con el caso de María Fernanda Benítez, la joven que fue asesinada en Coronel Oviedo, según ellos "refleja una alarmante negligencia estructural del Estado en su deber de proteger a las infancias y adolescencias".

“Fernanda, una menor embarazada, fue brutalmente asesinada, presuntamente por su pareja, también menor de edad. Esta tragedia no ocurrió de forma aislada ni repentina: estuvo precedida por señales claras de vulnerabilidad y violencia, como su desaparición previa, frente a la cual el Estado no actuó con la urgencia necesaria”, apunta el escrito.

Seguido señala: “La lentitud en la respuesta institucional revela un patrón preocupante de desatención hacia las alertas tempranas, especialmente cuando se trata de adolescentes en situaciones de riesgo”.

“Fernanda no solo era menor de edad, también era una víctima potencial de violencia de género, cuya situación se agravó al quedar embarazada. Este escenario pone en evidencia la falta de acompañamiento integral en salud sexual y reproductiva por parte del sistema estatal”, sostienen.

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En otra parte, el comunicado expresa: “La muerte de Fernanda no puede entenderse solo como un acto individual de violencia, sino como el resultado de una cadena de omisiones estatales. El sistema de protección a menores, los dispositivos de alerta ante desapariciones, los servicios de salud mental y sexual, y la justicia juvenil, todos fallaron”.

“El hecho de que tanto la víctima como el victimario sean menores vuelve aún más grave la falta de respuestas eficaces desde una perspectiva de derechos”, remarcan.

Para la Organización de Trabajadores de la Educación - Sindicato Nacional, casos como el de Fernanda deben interpelar con fuerza a las políticas públicas. “No basta con condenar el hecho una vez consumado: es necesario reconstruir una red de cuidado real, con presencia territorial, escucha activa y capacidad de prevenir. Mientras el Estado siga ausente, más vidas adolescentes seguirán expuestas a la violencia que se pudo, y debió, evitar”.

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“Desde la OTEP-SN repudiamos enérgicamente este y todo acto de violencia, y exigimos al Estado la implementación urgente de políticas públicas reales, efectivas y con enfoque de derechos humanos, que protejan verdaderamente a las niñas, niños y adolescentes del país”, finaliza el comunicado.