El feminicidio de Deisy Paola Jiménez, una joven de 22 años asesinada por su expareja días atrás, marcó las intervenciones de representantes de organizaciones de la sociedad civil paraguaya ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), de las Naciones Unidas.

Durante una reunión con el comité, tres referentes de organizaciones civiles de Paraguay denunciaron retrocesos en materia de igualdad de género, deficiencias en la protección de las víctimas de violencia y barreras para el acceso de las mujeres a la justicia, la educación, la salud y el empleo.

Las exposiciones incluyeron una serie de recomendaciones para que el organismo internacional inste al Estado paraguayo a adoptar medidas concretas. Las representantes también cuestionaron políticas públicas y decisiones legislativas que, a su criterio, obstaculizan el cumplimiento de los derechos de las mujeres.

La presentación se realizó en la antesala del examen oficial de Paraguay ante el CEDAW. Este martes 13 será el turno de la delegación estatal de 16 integrantes, encabezada por la ministra de la Mujer, Alicia Pomata, de rendir cuentas ante los expertos de las Naciones Unidas.

“Venimos a hablar por ella”: el caso de Deisy Paola ante la ONU

Sara Jorge, representante del colectivo de mujeres y niñas con discapacidad (DISCAFEM), abrió las exposiciones en nombre de más de 30 organizaciones de la sociedad civil. “Llegamos aquí indignadas y dolidas ante el cruel feminicidio de Deisy Paola Jiménez, joven de 22 años, asesinada hace tres días por su expareja, como resultado de la falta de protección del Estado”, manifestó.

La representante expresó que la joven había buscado hacerse escuchar, pero ya no estaba para contar su historia. “Ella se animó a hablar y hoy ya no está con nosotras, pero nosotras venimos a hablar por ella”, agregó.

Jorge sostuvo que persisten obstáculos para garantizar la igualdad y la protección de las mujeres. Entre los puntos señalados mencionó las restricciones al abordaje de género en el sistema educativo, la eliminación de esa perspectiva de distintas instituciones y la falta de recursos suficientes para las políticas públicas.

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También cuestionó que el Ministerio de la Mujer cuente, según expuso, con apenas el 0,019% del presupuesto público, además de señalar la ausencia de una ley contra toda forma de discriminación.

Ante este escenario, pidió al comité recomendar a Paraguay la aprobación de un proyecto de ley contra todas las formas de violencia, el fortalecimiento presupuestario y territorial del Ministerio de la Mujer y la derogación de disposiciones que restrinjan la igualdad y la perspectiva de género en la educación.

Mujeres con discapacidad denuncian barreras y falta de protección

La representante de DISCAFEM también alertó sobre las dificultades que enfrentan las mujeres con discapacidad para estudiar, trabajar y decidir sobre sus propias vidas.

En materia sanitaria, denunció casos de esterilizaciones sin consentimiento libre e informado. En el ámbito laboral, señaló que el cupo del 5% para personas con discapacidad no contempla medidas específicas para las mujeres expuestas a situaciones de acoso y discriminación.

Por ello, solicitó recomendaciones para fortalecer la autonomía y la capacidad jurídica de las mujeres con discapacidad, mejorar su acceso a la educación, la salud, el empleo y la protección frente a la violencia, además de impulsar medidas específicas y estadísticas que permitan identificar las brechas existentes.

Alertan sobre violencia de género, impunidad y obstáculos

María José Durán, integrante de la coalición redactora del informe sombra elaborado por nueve organizaciones civiles paraguayas, advirtió sobre el aumento sostenido de las denuncias de violencia de género y las dificultades que persisten para acceder a la justicia.

Señaló que la prohibición del abordaje de género afecta la prevención de la violencia y los feminicidios, mientras que los servicios de atención y protección siguen siendo insuficientes en cobertura y calidad. También cuestionó la falta de registros unificados, que dificulta la elaboración de políticas públicas adecuadas y puede facilitar la revictimización de las víctimas.

Durán expresó preocupación por una eventual reforma del artículo 289 del Código Penal, que, según advirtió, podría desalentar las denuncias de violencia familiar y sexual. Asimismo, mencionó el hostigamiento contra defensoras de derechos humanos y periodistas, incluida la violencia facilitada por la tecnología.

Entre las recomendaciones planteadas figuran fortalecer la prevención, protección, investigación, sanción y reparación frente a todas las formas de violencia de género; implementar un sistema unificado de registro de casos; abstenerse de reformar el artículo 289 y aprobar una ley de protección para periodistas y personas defensoras de derechos humanos.

La representante también pidió mejorar las políticas contra la trata de personas, garantizar la reparación integral a las víctimas, articular los mecanismos de búsqueda de personas desaparecidas y establecer la prohibición absoluta del matrimonio antes de los 18 años. Además, reclamó medidas integrales para erradicar el criadazgo y garantizar los derechos de las mujeres privadas de libertad.

Educación sexual, aborto y salud: los reclamos de Mirtha Moragas

La abogada Mirtha “Michi” Moragas cuestionó que el Ministerio de Educación y Ciencias haya sustituido la educación integral en sexualidad por el manual denominado “Doce Ciencias”, al que atribuyó contenidos basados en creencias religiosas, carentes de sustento científico y que reproducen estereotipos de género.

También expresó preocupación por el aumento de las denuncias de abuso sexual contra niñas y adolescentes, las tasas de embarazo infantil y las dificultades de las mujeres indígenas para acceder a la educación y a servicios sanitarios adecuados a su contexto cultural.

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Moragas señaló que las restricciones al aborto repercuten en el acceso a servicios de salud y en la morbimortalidad de las mujeres.

Por ello, solicitó al comité recomendar al Estado paraguayo garantizar una educación integral de la sexualidad basada en evidencia científica, laica, con enfoque de derechos e igualdad de género y adecuada a la edad.

También pidió priorizar la educación y alfabetización de las mujeres indígenas, aprobar una ley de salud sexual, reproductiva y materno-perinatal, garantizar servicios sanitarios accesibles e interculturales y despenalizar el aborto.

Exigen paridad política y derogación de la “ley garrote”

Las organizaciones también denunciaron la escasa participación de las mujeres en los espacios de poder, la violencia política por razones de género y la falta de mecanismos para garantizar la representación de sectores históricamente excluidos.

Entre sus pedidos figura la aprobación de una ley de paridad política, junto con medidas específicas para garantizar la participación de las mujeres, incluidos escaños reservados o cuotas.

Además, reclamaron la aprobación de una ley integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia política contra las mujeres, cuyo proyecto se encuentra en el Senado, según expuso Moragas.

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La abogada también pidió derogar la Ley 7363/2024, conocida como “ley garrote”, que, de acuerdo con su exposición, restringe la organización de las mujeres y de las organizaciones feministas.

En materia laboral, las representantes señalaron la persistencia de discriminación contra mujeres trans, embarazadas, trabajadoras sexuales, mujeres con discapacidad, mujeres que viven con VIH y trabajadoras domésticas.

Entre las recomendaciones figuran implementar plenamente la ley del trabajo doméstico, garantizar el acceso a la jubilación, eliminar pruebas compulsivas de VIH y otros exámenes médicos en el ámbito laboral, y ampliar la protección social para las trabajadoras informales, rurales e indígenas.

Este martes, la delegación de 16 personas deberá responder

Las intervenciones de las organizaciones civiles se realizaron antes del diálogo con la representación oficial paraguaya, que deberá responder a las preguntas de los expertos internacionales sobre el cumplimiento de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.

La delegación acreditada está integrada por 16 personas de distintas instituciones estatales, entre ellas la ministra de la Mujer, Alicia Pomata; autoridades del Poder Ejecutivo y de la Justicia; funcionarios técnicos, y las diputadas cartistas Rocío Abed y Jazmín Narváez.

La presencia de la comitiva fue cuestionada por el tamaño de la representación y el uso de recursos públicos para el viaje a Suiza. La ministra Pomata defendió la participación de los tres poderes del Estado y de otras instituciones vinculadas con los temas examinados.

Ahora, la atención estará puesta en las respuestas que brinde el Estado paraguayo y en las recomendaciones que formule el comité tras evaluar la información oficial y los planteamientos de las organizaciones civiles.