"Exigimos a la Fiscalía General una investigación exhaustiva, independiente y diligente para esclarecer las circunstancias del crimen y su relación con la labor periodística", señaló en un comunicado la Mesa de Articulación para la Protección a Periodistas (MAPP), una coalición de organizaciones de defensa de la actividad periodística en el país andino.

Asimismo, los grupos exigieron que se identifique y sancione a los responsables materiales e intelectuales del crimen, se garantice la protección de la familia Beltrán y se adopten medidas para salvaguardar el ejercicio periodístico en la zona donde residía.

Beltrán, director del medio digital Calcetines, fue asesinado el domingo en la localidad de Bolívar, en la provincia costera de Manabí, una de las zonas más afectadas por la violencia vinculada al crimen organizado, que registra un aumento sin precedentes en los últimos años.

El periodista formaba parte del sistema de protección de víctimas y testigos de la Fiscalía y fue asesinado cuando estacionaba su vehículo frente a su casa por personas que aún no han sido identificadas.

Según las organizaciones, Beltrán recibió amenazas desde 2023, cuando era funcionario público y realizaba investigaciones sobre contratos dentro del Municipio de Bolívar.

Su auto fue rociado con una sustancia química, por lo que la MAPP activó medidas legales y de protección.

Estas amenazas se intensificaron en abril pasado, después de que denunció por supuesto enriquecimiento ilícito a la alcaldesa de Bolívar.

En esta ocasión, la MAPP, a través de Reporteros sin Fronteras, lo acogió dentro de un programa de protección destinado a alejarlo de la ciudad durante varios meses, pero las intimidaciones no pararon.

El crimen de Beltrán fue condenado por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), cuyo presidente, Carlos Jornet, señaló que era "inadmisible" que un periodista que había denunciado amenazas y contaba con medidas de protección haya sido asesinado, y también exigió una investigación.

La Fundación Periodistas Sin Cadenas, que forma parte de la MAAP, señaló que este caso se suma a los seis crímenes contra periodistas y comunicadores registrados en 2025, el año más letal para la prensa en Ecuador.

Además, indicó que entre enero y octubre de este año las agresiones a medios y periodistas en el país andino ascienden a 249 casos, la mayoría perpetradas por actores estatales.