La Oficina Saharaui de Coordinación de las Actividades relativas a las Minas (SMACO, por sus siglas en inglés) explicó en un comunicado que la salida de la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental (Minurso) deja un vacío de seguridad y ayuda humanitaria en una zona de "alto riesgo".

La organización subrayó que "la región sigue enfrentando múltiples amenazas, ya sea por minas terrestres y restos de explosivos de guerra o ataques con drones contra civiles", acciones de las que el Frente Polisario responsabiliza a Marruecos.

La SMACO recordó que, desde 2006, el Servicio de las Naciones Unidas de Acción contra las Minas (UNMAS, por sus siglas en inglés), bajo el mandato de la Minurso, limpió 150 millones de metros cuadrados de terreno contaminado, con más de 500 áreas "sembradas con municiones de racimo".

Además, neutralizó más de 30.000 minas y otros artefactos explosivos sin detonar, y brindó capacitaciones a más de 80.000 residentes locales y comunidades nómadas, mediante actividades de "educación sobre el riesgo de las minas".

Sin embargo, la organización destacó que, a pesar de estos progresos, la situación sigue siendo precaria, ya que algunas de las zonas más contaminadas aún no fueron intervenidas en las operaciones de limpieza, "lo que mantiene la vida de civiles y nómadas en constante riesgo".

Ante esta situación, la SMACO destacó que el fin de la Minurso no exime a las Naciones Unidas de su responsabilidad de proteger a la población civil y garantizar la continuidad de la labor humanitaria.

En este escenario, la oficina saharaui instó al organismo internacional a garantizar la continuidad de las actividades de desminado y evitar que las zonas contaminadas queden sin tratar.

Asimismo, pidió apoyo para el fortalecimiento de sus capacidades técnicas y humanas, así como la continuidad de programas de formación sobre el riesgo de las minas y la asistencia a las posibles víctimas.

Insistió también en la necesidad de establecer mecanismos internacionales eficaces para vigilar y documentar los ataques contra la población civil y garantizar la rendición de cuentas.