La Escuela Cívica Militante ha impulsado una impugnación para anular la convocatoria a elecciones municipales fijada para octubre de 2026. El argumento se centra en que las actuales autoridades municipales de todo el país, elegidas originalmente para el periodo comprendido entre 2021-2025, terminaron su mandato legítimo en noviembre del año pasado.

La solicitud fue presentada el 22 de setiembre de este año ante el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), de la capital del país. Según explica la organización, cualquier extensión de este plazo mediante leyes ordinarias o resoluciones administrativas carece por completo de validez jurídica y rompe de forma directa con las reglas constitucionales.

El sustento técnico de la denuncia se basa en la aplicación estricta del Código Electoral paraguayo, el cual dicta de manera clara que los comicios municipales deben celebrarse exactamente treinta meses después de las elecciones generales.

Dado que las elecciones generales se llevaron a cabo a finales de abril de dos mil veintitrés, la fecha impostergable para la renovación de autoridades comunales debió ser en octubre de dos mil veinticinco, lo que significa, según los denunciantes, que el calendario electoral actualmente impugnado presenta un retraso ilegal de doce meses enteros.

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Los denunciantes sostienen que la ley excepcional dictada en su momento por la pandemia del COVID-19 ya agotó todos sus efectos jurídicos y que el Congreso Nacional no posee las facultades para prorrogar mandatos por la vía ordinaria, una competencia que pertenece única y exclusivamente a un proceso formal de Reforma Constitucional.

Por un lado, presentaron una impugnación directa ante el Tribunal Superior de Justicia Electoral y una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia para congelar los efectos de las leyes y resoluciones cuestionadas.

También promovieron una denuncia de carácter penal ante el Ministerio Público bajo los cargos de usurpación de funciones públicas y lesión de confianza, apuntando a que intendentes y concejales continúan administrando recursos estatales y percibiendo salarios sin un título legal válido, al mismo tiempo que acusan a los magistrados electorales de atentar contra el orden constitucional.

Finalmente, la documentación revela también reclamos formales por la inacción de las fiscalías locales ante estas denuncias en zonas específicas del país, exigiendo la intervención inmediata para restaurar la «legalidad democrática».