Durante un encuentro en Rabat, la presidenta del Consejo Nacional de Derechos Humanos (CNDH, estatal), Amina Buayach, llamó al Ejecutivo recién nombrado y al Parlamento a colocar la abolición de la pena capital entre las prioridades de su mandato.

"El Gobierno y el Parlamento está ante la responsabilidad para avanzar hacia la abolición explícita de la pena de muerte y poner fin a esta vacilación legislativa", afirmó Bouayach que llamó a poner en práctica el artículo 20 de la Constitución de 2011 que estipula que "el derecho a la vida es el derecho primero de todo ser humano".

La presidenta del CNDH recordó que Marruecos tomó medidas en favor de la abolición de esta pena entre las que figura el indulto del rey Mohamed VI en favor de 240 condenados a muerte, 185 de ellos en los últimos cinco años.

Desde 1994 no se ha ejecutado ninguna condena a muerte en el país magrebí. Sin embargo, los tribunales siguen dictando sentencias de pena de muerte, una condena que continúa contemplada en el Código Penal y en la normativa militar.

En diciembre de 2024, Marruecos votó por primera vez en favor de una resolución de la ONU en la que se pedía una moratoria en su aplicación.

El pasado 30 de junio durante el Congreso Mundial contra la Pena de Muerte, celebrado en París, el ministro de Justicia marroquí, Abdelatif Ouahbi, anunció que el país trabaja en una reforma del Código de Penal donde debería quedar materializada esa evolución hacia la abolición y anunció que Marrakech acogerá este congreso dentro de tres años.

Para Abderrahime Jamai, presidente de la Coalición Marroquí de Lucha contra la Pena de Muerte, la celebración del Congreso Mundial en Marruecos supone un "compromiso político" del país con la abolición efectiva de la pena de muerte en todas sus normativas.

Jamai reclamó que la abolición de esta pena tenga también efectos retroactivos.