Ordenan embargo y bloqueo de ocho propiedades ligadas a Peña en San Bernardino
En el marco de la investigación penal por presunta lesión de confianza y otros delitos patrimoniales (Causa N° 92/2026), el juez penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos, Humbert...
En el marco de la investigación penal por presunta lesión de confianza y otros delitos patrimoniales (Causa N° 92/2026), el juez penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos, Humberto Otazú, decretó medidas cautelares reales sobre ocho inmuebles ubicados en San Bernardino, departamento de Cordillera, vinculados al expresidente Santiago Peña.
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La decisión responde al requerimiento presentado por los agentes fiscales Christian Benítez, Silvia González, Elena Fiore y Ruth Benítez. La resolución judicial establece formalmente la prohibición de innovar, la prohibición de contratar y el embargo preventivo sobre la totalidad de los inmuebles.
Bienes a nombre de un tercero y no de Santiago PeñaAunque las fincas figuran inscriptas a nombre de José Luis Módica Alsina en los registros, la Fiscalía señaló que los elementos de convicción recabados, entre ellos el allanamiento a la denominada “Mansión Sanber”, sustentan que el verdadero propietario de los inmuebles es el imputado Santiago Peña Palacios, expresidente de la República.
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El embargo preventivo dispuesto por el magistrado asciende a un total de G. 3.608.550.782.201, distribuidos en aproximadamente G. 451.068 millones por cada una de las ocho propiedades.
Según fundamentó el juez en su resolución, las medidas buscan “evitar la posibilidad de que los encausados puedan disponer libremente de su patrimonio y prevenir cualquier maniobra de enajenación u ocultamiento de los bienes”.
El trasfondo de la causa penalEl proceso indaga supuestas operaciones irregulares vinculadas a la colocación de depósitos públicos y previsionales en Ueno Bank SA, así como el otorgamiento de créditos a sociedades afines al grupo económico de dicha entidad bancaria.
La hipótesis fiscal sostiene que el expresidente habría utilizado su cargo para promover o determinar el flujo de estos fondos públicos hacia la entidad con la que mantenía intereses económicos.
Con la orden emitida, los Registros Públicos quedan notificados para impedir cualquier transferencia, modificación jurídica o contrato sobre las propiedades afectadas mientras continúe el proceso judicial.
