"Necesitamos instituciones que protejan a nuestros ciudadanos y una justicia que garantice todos sus derechos", señaló el exrector del Consejo Nacional Electoral (CNE) -en una nota de prensa-.

A juicio de Márquez, estos dos organismos deben ser eliminados para crear nuevas instituciones de inteligencia modernas, profesionales, al servicio de la nación, con personal capacitado, controles democráticos y supervisión judicial, apegados a la Constitución y alejado de intereses personales y partidistas.

La Misión de Determinación de Hechos de Naciones Unidas ha calificado, en sus informes sobre Venezuela, a la DGCIM y el SEBIN como responsables de violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad en el país.

Márquez también calificó como un avance que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) modificara la estructura de los tribunales con competencia en terrorismo a nivel nacional, que se centralizaban en Caracas, y reasignó la evaluación de este delito a todos los juzgados de control del país.

"Los tribunales en materia de terrorismo son una estructura judicial utilizada para perseguir la disidencia y vulnerar el derecho a la defensa, unos tribunales que jamás debieron existir", señaló.

El exdiputado dijo que este tipo de medidas deben continuar con la liberación de todos los presos políticos, cerrarse los expedientes usados como instrumentos de persecución, entre ellos el levantamiento de medidas de presentación ante tribunales, la prohibición de salida del país y la casa por cárcel impuesta en causas con motivaciones políticas.

"Salir de una celda no significa recuperar la libertad si la persecución continúa dentro de tu casa o mediante restricciones que te impiden trabajar, movilizarse y participar en la vida pública", agregó Márquez.

El TSJ suprimió la competencia a cuatro tribunales que ejercían esta función en Caracas y transfirió el conocimiento de estas causas a los juzgados de control del país, según una resolución del TSJ con fecha del pasado martes, pero difundida este viernes.

El codirector de la ONG Acceso a la Justicia, Ali Daniels, explicó a EFE que no se eliminaron los tribunales de terrorismo, sino que "los tribunales de control que estaban concentrados en Caracas pierden su competencia en terrorismo y esa competencia se pasa a los tribunales estatales".

"Es una medida positiva, pero no es ni lejanamente una decisión cercana a la justicia o que solucione el problema de los tribunales contra el terrorismo", apuntó Daniels.