El ciudadano brasileño Jimmy Dickson Rizo, de 42 años, detenido el jueves pasado en Canindeyú, en uno de los catorce allanamientos realizados durante la megaoperación Renacer, cumplirá prisión preventiva en el Centro Nacional de Prevenidos.

El extranjero fue imputado por la fiscala María Irene Álvarez, de la Unidad Especializada de Lucha contra el Narcotráfico y Crimen Organizado, por la supuesta comisión de los hechos punibles de tenencia de sustancias estupefacientes, tipificados en los artículos 26, 33 y 42 de la Ley 1340/88 y sus modificaciones, y art 260 inc. a, b, y c de la Ley Nº 7411/2024 de Armas de Fuego.

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La agente fiscal explica que el operativo se realizó a partir de informaciones recibidas de la posible existencia de una organización criminal asentada en la Colonia “Primero de Marzo”, ubicada en el distrito de Ybyrarobaná, Departamento de Canindeyú, que se dedicaría a la producción y venta de marihuana en dos presentaciones: prensada y “ice”.

Esta última variante mencionada es una forma concentrada y de mayor valor comercial, obtenida mediante un proceso químico con la utilización de gas butano.

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Enla ocasión, Dickson Rizo fue aprehendido en uno de los inmuebles intervenidos, donde requisaron una pistola calibre 9mm y un subfusil, calibre 5.56 ambos con sus cargadores, 17 cartuchos vivos de calibre 9mm y 13 cartuchos vivos calibre 5.56.

La lista de objetos incautados sigue con dos teléfonos celulares, anotaciones manuscritas pertenecientes al mismo donde constaban listas de pagos por arrendamiento de tierra, así como listados de cantidades por bolsas y kilogramos de las supuestas sustancias que comercializaba, según la imputación.

Argumento del juez para aplicar la prisión preventiva

“Esta estructura tiene que ver con el tráfico ilícito de sustancias estupefacientes que justamente representa una grave amenaza para la sociedad y el bienestar de los seres humanos y menoscaban las bases económicas, culturales y políticas de la sociedad, de profunda preocupación por la sostenida y creciente penetración del tráfico de drogas en los diversos grupos sociales”, argumentó el juez, al resolver la prisión preventiva solicitada por la Fiscalía.

A criterio del magistrado, se encuentran latentes tanto el peligro de fuga como el de obstrucción a la investigación, por lo que el procesado deberá cumplir la medida restrictiva de libertad en el Centro Nacional de Prevenidos.

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“Es categórico que se podría consumar la fuga del mismo del país, en el supuesto que obtenga medidas alternativas, en consideración a la pena que podría ser adoptada al término del presente procedimiento llevado, que tiene en expectativa la aplicación de la pena privativa de libertad de hasta veinticinco años, repito, en los casos más graves de infracción a esta ley especial”, explica Legal.