Uno de los detenidos en el marco de la operación Andina es Isabelino Jiménez (62), quien, pese a que trabaja como cuidacoches, figura como dueño de la empresa Caza y Pesca Santa Rosa de Lima. El fiscal de Crimen Organizado, Carlos Alejandro Cardozo Pereira, detalló que esa casa comercial logró operar en Paraguay por un año y medio y en ese periodo compró 1.847 armas.

En total, ese comercio movió cerca de G. 9.500 millones, detalló el agente fiscal. Asimismo, indicó que desconoce si la persona dimensionaba la magnitud de las operaciones, puesto que se abstuvo de declarar, pero sí se puede confirmar que acudió personalmente a solicitar la autorización ante la Dirección de Material Bélico (Dimabel).

Cárcel por tráfico de armas para tres imputados en la operación Andina

Señaló que, al menos inicialmente, sus firmas aparecen en varios documentos. “No puedo decir a ciencia cierta si dimensionaba la cantidad de dinero que estaba figurando a su nombre en el movimiento comercial”, respondió el agente del Ministerio Público.

Los otros detenidos en el marco de esta causa son Estela Colmán Otazú (51) y Pablo César Colmán Benítez (53), dueña y representante de la empresa Carros Vía Chile SA, respectivamente.

El fiscal explicó que tienen tres causas abiertas en paralelo, pero todas por delitos que guardan relación con el presunto tráfico de armas. En el caso de la casa comercial Carros Vía Chile, está siendo investigada por la “desaparición” de 198 armas de fuego, la firma Santa Rosa de Lima, por la “desaparición” de 1.847 armas, y una tercera firma, llamada 19 de Marzo, está siendo investigada por la “desaparición” de 551 armas.

Caso tráfico de armas al Brasil: ¿Cómo operaba el esquema?

Señaló que todas las armas están autorizadas para uso civil, pero al llegar al mercado negro los criminales cambian la modalidad de disparo y las automatizan para que el poder de fuego se incremente.

“La introducción o la importación de estas armas se realizó a través de importadores autorizados por vías legales, luego cuando se realizan supuestas ventas simuladas a distintas casas comerciales —también autorizadas por Dimabel—, en ese momento es que se da la desaparición de las armas”, precisó sobre el método de trabajo de los sospechosos.

El fiscal señaló también que se comprobó que varias de las armas adquiridas por estos procesados fueron incautadas en poder de grupos criminales del Brasil.