Marruecos mantiene silencio oficial sobre la más grave crisis migratoria del país, que estalló el jueves, cuando 60.000 migrantes entraron de forma irregular en Ceuta, en su mayoría jóvenes, aunque también familias y menores, incluidos bebés. Un drama que, según estiman las autoridades españolas, ha dejado al menos 67 muertos.

En un crítico comunicado, la Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH, izquierdista y la más influyente del país) afirma que esta crisis migratoria "refleja el bloqueo del horizonte social" en Marruecos y evidencia la incapacidad del Estado para garantizar "el mínimo de dignidad humana" a la población.

La AMDH considera al Estado marroquí "política y jurídicamente responsable de las condiciones catastróficas que han desembocado en este éxodo colectivo, comparable por su magnitud a situaciones propias de zonas de guerra o de conflicto armado".

Lejos de constituir un hecho aislado, sostiene la organización, la crisis es el resultado de "décadas de marginación, empobrecimiento y exclusión social" y constituye "un indicador extremadamente grave del grado de desesperación" y de la pérdida de confianza en las instituciones públicas.

La asociación responsabiliza directamente al Estado marroquí y advierte de que "la desesperanza ha dejado de ser un sentimiento individual para convertirse en la identidad de toda una generación", que ve en la migración una expresión de rechazo contra la desigualdad, "la corrupción, el autoritarismo y el abuso de poder".

La AMDH también acusa a Rabat de instrumentalizar la migración con fines políticos y carga contra "el uso de la carta humanitaria" como mecanismo de presión y negociación con España y la Unión Europea.

"La migración es un derecho humano y no es legítimo convertir el sufrimiento de las personas pobres, marginadas y víctimas del fracaso de las políticas públicas en instrumentos de maniobra geopolítica o en moneda de cambio en negociaciones políticas y diplomáticas", denuncia.

También el Observatorio del Norte de Derechos Humanos en Marruecos condenó cualquier utilización de la migración irregular como herramienta política, diplomática o de seguridad y reclamó que los ciudadanos "no sean tratados como instrumentos de presión o negociación" en las relaciones internacionales.

El Observatorio estima que alrededor de 100.000 personas procedentes de distintas regiones de Marruecos se desplazaron hacia la frontera norte procedentes de distintas ciudades y que unas 60.000 lograron su objetivo.

Asegura haber detectado, durante los días previos, una intensa difusión en redes sociales de llamamientos a dirigirse hacia Ceuta desde cuentas de origen poco claro y con patrones de actividad que plantean interrogantes sobre una posible amplificación artificial de esos mensajes.

Asimismo, cuestiona la respuesta de Marruecos ante la avalancha migratoria y califica la presencia de las fuerzas de seguridad como "llamativamente limitada" durante gran parte de la jornada.

Las organizaciones insisten en que los factores estructurales que impulsan la migración irregular, como el desempleo y la pobreza, no excluyen la necesidad de investigar las responsabilidades por lo sucedido.