En una publicación en X, la organización sostuvo que hasta la fecha las autoridades no han establecido protocolos preventivos ni permitido el ingreso de organismos independientes para verificar el estado de la cárcel y las condiciones de reclusión.

"Los presos políticos permanecen en un área común interna, bajo vigilancia y control máximo de las autoridades penitenciarias. Su exigencia es no quedar atrapados en celdas consideradas inseguras ante nuevos movimientos sísmicos", añadió.

Además, dijo que dentro del penal persisten las amenazas y el temor de que funcionarios vuelvan a emplear la fuerza del Grupo de Respuesta Inmediata de Custodios (GRIC), "u otro grupo violento, para obligarlos a permanecer encerrados en celdas cuya seguridad estructural no ha sido verificada en una evaluación técnica independiente".

El comité pidió el cese de las amenazas, represalias y criminalización contra las víctimas, sus familiares y las organizaciones que denuncian las condiciones de los presos políticos, así como el ingreso de organismos nacionales e internacionales independientes.

"La responsabilidad política de prevenir nuevas violaciones recae directamente sobre Delcy Rodríguez, como autoridad interina del Ejecutivo. El Estado conoce el riesgo y está obligado a actuar", subrayó la ONG.

El viernes, el comité exigió una investigación independiente sobre las denuncias de torturas contra presos políticos en Rodeo I, luego de sostener una reunión con el ministro para el Servicio Penitenciario, Julio García, quien, asegura, minimizó los hechos reportados.

La organización sostuvo que es grave que en lugar de ofrecer garantías para la protección de las víctimas y los testigos, se transmitieran mensajes orientados a desalentar las denuncias, desacreditar la documentación independiente y atribuir las consecuencias de la situación a quienes ejercen su derecho a exigir justicia.

Ante esta situación, la ONG exigió una investigación independiente, imparcial y efectiva sobre estas denuncias de torturas contra presos políticos en Rodeo I, con participación de mecanismos internacionales competentes.

También, solicitó la destitución del ministro para el Servicio Penitenciario y de "todos los funcionarios responsables de esta actuación por incumplir reiteradamente su deber de proteger los derechos de las personas privadas de libertad y revictimizar a sus familiares".

Familias de los presos políticos en Venezuela señalaron recientemente a EFE que las autoridades han abandonado a los detenidos tras los sismos, lo que se refleja en el deterioro de la alimentación y en la falta de atención a algunas de las estructuras que sufrieron daños por el desastre.

Hasta el momento, el Ejecutivo venezolano no ha dado un balance oficial sobre la situación de los detenidos y de las cárceles tras los terremotos.