El rimbombante proyecto de ley “que regula la utilización de videocámaras por las fuerzas públicas con participación ciudadana” figura para su tratamiento como tercer punto del orden del día de la sesión ordinaria del mañana martes 12, y pese al pretencioso título, el proyecto del diputado Yamil Esgaib (ANR, HC) antes que ser de provecho para la ciudadanía, representa un gran riesgo para nuestros derechos fundamentales y la posibilidad de montar una enorme red de espionaje (pyraguereato) al servicio del gobierno, con cámara colocadas por particulares para su seguridad.

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El proyecto de ley presentado por el diputado cartista, Yamil Esgaib, que además preside la comisión de Justicia, la única que hasta ahora ha dictaminado al respecto -obviamente a favor-, plantea proyectos sumamente peligrosos, ya que pretende facultar al Gobierno a acceder a imagen y sonido captados por cámaras de seguridad particulares, en ciertos casos sin siquiera requerir el permiso expreso de los propietarios.

Si bien el proyecto establece supuestas “limitaciones”, también obliga a los ciudadanos que tengan que poner a disposición de la policía sus equipos que se encuentren en la vereda.

Puntualmente, el artículo 3º numeral 7 establece que en el caso de instalar frente a su domicilio una cámara que forme parte de su circuito cerrado, “el propietario estará obligado a comunicar a la Policía Nacional la instalación de estas cámaras en ese espacio público, y queda sujeto a la obligación de colaborar con relación a éstas cámaras en caso de ser requerido por la autoridad competente”.

Dicho artículo, si bien agrega que “en ningún caso podrá grabarse sonidos con cualquier tipo de instalación por parte de personas particulares sin autorización judicial”, también se habilita a instalar imagenes dentro de recintos privados con “consentimiento del titular o autorización judicial”.

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También, el artículo 8º “Respecto a las grabaciones” establece que todo quedará en manos de la Policía Nacional, que “tendrá a su cargo la custodia de las imágenes obtenidas y la responsabilidad sobre su ulterior destino, incluida su inutilización o destrucción”.

Lo cuestionable aquí es que ni siquiera la Policía Nacional se interesa en mantener su sistema de vigilancia, ya que de las 1.000 cámaras que posee en el sistema 911, al menos 350 están inoperativas y otras gran cantidad ni siquiera tienen conexión remota para acceder desde el centro de monitorio.

Además, la Cámara de Diputados viene dilatando hace varios meses el estudio de la Ley de “Protección de Datos Personales”, que podría ayudar a dar mayores garantías sobre el uso de los datos de la ciudadanía.