El juez Penal de Garantías Yoan Paul López Samudio fijó para el 27 de noviembre de 2023, a las 9:00, la sustanciación de la audiencia preliminar para los acusados por lesión de confianza José Antonio Caballero Bobadilla, Miguel Domínguez, Xavier Alberto Hamuy Campos Cervera y Ángel Chamorro Ortiz, directivos de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancos y Afines.

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En ocasión de fijar fecha de audiencia preliminar, el juez López Samudio dispuso la comparecencia de las partes bajo apercibimiento de aplicar lo dispuesto en la Acordada N° 1057 de fecha 8 de marzo de 2016, en los puntos 3, 4, 5, 6 y 7 del “Manual de buenas prácticas para los juzgados penales de Garantías y los demás auxiliares de justicia”.

Así también el magistrado recuerda lo dispuesto en los artículos 112, 113, y 114 del Código Procesal Civil, “De los deberes de las partes” con el objeto de evitar futuras suspensiones de audiencias y dilaciones, ya que en caso contrario se remitirán las actuaciones al Consejo de Superintendencia de la Corte Suprema.

El pasado 25 de octubre debió realizarse la audiencia preliminar, pero el abogado Álvaro Arias, defensor del acusado José Antonio Bobadilla, solicitó la suspensión de la diligencia porque tenía otra audiencia ese día.

Fiscala suspendida por cuestionamientos

La causa penal está actualmente a cargo del fiscal José Martín Morínigo, quien por decisión del fiscal general Dr. Emiliano Rolón Fernández reemplazó a la fiscala Stella Mary Cano, muy cuestionada en este y en otros procesos penales.

Justamente, este miércoles 8 de noviembre, la Corte Suprema, por pedido del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) suspendió en sus funciones a la fiscala Cano, por su objetada actuación en el caso conocido como “Mocipar” y la Caja Bancaria.

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Acusación de la Fiscalía por lesión de confianza

La investigación penal por lesión de confianza se inició con la denuncia que realizó Isidro Colmán Moreno (querellante adhesivo), en fecha 20 de noviembre de 2019, acerca del supuesto hecho punible que presuntamente perpetraron los hoy acusados José Antonio Caballero Bobadilla, Miguel Ramón Oro Domínguez, Ángel Ramón Chamorro Ortiz y Xavier Hamuy Campos Cervera, presidente y miembros del Consejo de Administración de la Caja Bancaria, respectivamente.

“Los mencionados acusados han incurrido en hechos y actos administrativos irregulares, que en la mayoría de los casos constituyeron observaciones que fueron señaladas bajo advertencia por parte de entes contralores como el Banco Central del Paraguay, Contraloría General de la República, Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, como así también auditorías internas de la Caja Bancaria.

Agregan que las mencionadas observaciones no fueron consideradas en tiempo y forma por la Administración de la Caja, constituyendo así una conducta omisiva, de los mismos, lo cual ocasionó un grave perjuicio patrimonial a la institución”, señalaba la acusación del Ministerio Público.

Uno de los 18 puntos desarrollados por el perito contable Lic. Javier González, propuesto por la Fiscalía, demuestra en su análisis del punto 1 sobre la variación que se ha visto con respecto a los gastos de seguro médico desde el año 2015 hasta el 2019, resultando en la suma de G. 37.449.119.291, y ello se ha reflejado en el punto 18 como parte del perjuicio patrimonial o daño patrimonial a la Caja de Jubilaciones, el cual ha tenido una consecuencia negativa en la situación financiera de la Caja.

Los gastos en seguro médico aumentaron en demasía a partir del año 2016, que según informe en el año 2015 ascendió a la suma de G. 18.310.320.000, en el año 2016 se ha incrementado en la suma de G. 26.250.878.285, en el año 2017 se incrementó en la suma de G. 41.145.786.334, en el año 2018 se incrementó en la suma de G. 53.554.931.419 y en el año 2019 en la suma de G. 55.759.439.291. El total de la variación es de G. 37.449.119.291, solamente por los gastos de seguro médico.

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En resumen, la conclusión del perito González indica que el superávit al 30 de junio de 2015 fue de G. 965.943.000.000, y el déficit al 31 de diciembre de 2017 fue de G. 1.529.373.705.982, con lo que determinó que el daño patrimonial total a la Caja de Jubilados Bancarios ascendía a G. 2.495.216.705.982 (dos billones, cuatrocientos noventa y cinco mil millones, doscientos diez y seis millones ochocientos veinte mil), haciendo un total general de dos billones quinientos treinta y dos mil seiscientos treinta y cinco millones ochocientos sesenta y nueve mil trescientos sesenta y tres guaraníes (G. 2.532.635.869.363)”.

La querella también agrega que la Contraloría General de la República en su última Auditoría (CGR 843/18) afirma que la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancos y Afines no reveló en los Estados Contables al 31/12/2018, las reservas matemáticas producto del balance actuarial que presenta un déficit de G. 1.529.373.705.982 (un billón quinientos veinte y nueve mil trescientos setenta y tres millones setecientos cinco mil novecientos ochenta y dos guaraníes), incumpliendo la exigencia de la Ley 2856/06 de la Caja de Jubilaciones.

El perito de la querella adhesiva es el Lic. Francisco Centurión.