Los padres de una niña de 3 años que falleció en una comunidad indígena Takuaguyogue del departamento de Amambay fueron imputados por violación del deber del cuidado y homicidio culposo por la fiscala Sandra Díaz.

“Quienes detentan la patria potestad de los hijos son los padres biológicos”, explicó la agente del Ministerio Público (MP) al fundamentar la imputación presentada.

La fiscala solicitó la aplicación de medidas alternativas a la prisión preventiva como medida cautelar, por lo que los padres enfrentarán el proceso en libertad.

“Teniendo en cuenta la pérdida de un hijo, solicitamos la aplicación de medidas alternativas. Eso quiere decir que no hemos solicitado la prisión preventiva de ambos”, explicó.

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Son delitos, no crímenes

Indicó, además, que la solicitud se sustenta en la calificación legal de los hechos imputados, los cuales son considerados delitos y no crímenes, lo que habilita a no requerir la prisión preventiva.

“Ambos hechos punibles son delitos, no crímenes, tienen expectativa de pena de hasta 5 años y la ley autoriza que se pida la sustitución de la prisión preventiva. Por esa razón es lo que hemos solicitado medida cautelar”, mencionó.

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Díaz descartó que la decisión de no solicitar la prisión preventiva esté relacionada con el hecho de que los padres pertenezcan a una comunidad indígena.

“La medida cautelar es independiente de la imputación. Cuando termine el proceso y se llegue a la etapa conclusiva, pueden ser acusados por dos hechos punibles, juzgados y condenados. Ellos están procesados penalmente. Igual, si eran paraguayos y no indígenas, el MP iba a pedir esa medida cautelar porque la ley lo dice”, aseguró.

Remarcó que la aplicación de medidas alternativas no implica impunidad ni el cierre de la causa, ya que el proceso penal continúa hasta su etapa conclusiva.

Investigación podría ampliarse a otras personas

La fiscala no descartó que la investigación se amplíe a otras personas de la comunidad iindígenasi se comprueba su participación en los hechos, ante la presunción de que un chamán habría impedido la intervención de la medicina convencional.

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“El Código Civil establece que primeramente los padres, después los parientes cercanos y, en todo caso, el Estado también. Como estamos iniciando ahora la investigación, vamos a escuchar a familiares cercanos, al líder, porque ellos tienen una costumbre distinta, pero vamos a estar recabando todas las informaciones a los efectos de determinar si podemos responsabilizar a más personas”, dijo.

Sostuvo que, si bien existen cuestiones que los pueblos indígenas pueden resolver conforme a sus costumbres, hay otras que deben ser abordadas por la Justicia ordinaria.

“Independientemente de la responsabilidad que se le da a los padres, vamos a ver si hay otras personas que pueden ser imputadas”, declaró.

Posibles fallas del sistema de salud bajo análisis

Díaz señaló que también se solicitarán informes para determinar qué tipo de atención médica recibió la niña y cuándo fue asistida por última vez, para verificar si existieron fallas por parte del sistema del Estado.

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“Buscamos justicia. Al término de los seis meses, el MP va a estar presentando la acusación. Incluso, vamos a ver si otras personas o instituciones pueden ser procesadas”, expresó.

Según el informe preliminar, la víctima tuvo cuanto menos tres ingresos en algún servicio de salud pública, pero el sistema de salud pública no elaboró una estrategia de monitoreo para asistirla. 

Indicó que hasta el momento desconoce la decisión que adoptará el juzgado a cargo del caso.