Desde el momento en que estallaron los casos de diputados que ubicaron a su parentela en la Cámara Baja en diciembre pasado, las autoridades interinas de Recursos Humanos se han negado a responder a las consultas y a proveer información, tanto en la gestión del anterior director, Ricardo Vaesken Ferrer, como del actual, Máximo Medina.

Todas las veces que se ha solicitado audiencia con el director Medina, alegan que este supuestamente no se encuentra, lo cual es cuestionable ya que cobra mensualmente G. 29.084.600.

Políticos con parentela en el Estado se abroquelan para mantener privilegios

Por todo esto, ayer se presentó mediante solicitud de Acceso a Información Pública Nº 78900, la confirmación sobre la presentación o no de renuncia de la familia del diputado Cleto Marcelino Giménez (PLRA, A): su esposa Liz Liliana Aguilera y sus hijas Johanna Denisse y Danna Maricela Giménez Rotela.

Igualmente, se solicitó la supuesta renuncia del hijo de la diputada Roya Torres (PLRA, A), el “asesor” de apenas 19 años y título de “bachiller”, Elías Martín Godoy Torres.

En el caso de los parientes de Cleto Giménez, la promesa se hizo ya el 31 de diciembre del año pasado, mientras que Torres prometió la dimisión el pasado 3 de enero.