Recordemos que, al principio del año 2022, la jueza de paz de San Juan Nepomuceno, María Monserrat Vera Errecarte había ordenado el secuestro de la ambulancia en base a una deuda que la empresa vendedora reclamaba a la comuna de Canindeyú, disposición que viola claramente la Ley Orgánica Municipal donde habla que los bienes de las comunas son inembargables.

Y es que la empresa Compañía Imperial del Paraguay vendió el rodado a la comuna por un monto de G. 600 millones, que tuvo una adenda de G. 20 millones para incorporar una heladerita, en ambos casos con sospechas de feroz sobrefacturación con el agravante de que la adquisición no fue aprobada por la Junta Municipal.

Desde aquel entonces, la administración del intendente José Cantero (PLRA) inició las acciones legales para recuperar el bien público planteando recursos ante los estrados judiciales e instalando una denuncia ente el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), que derivó en la suspensión de la cuestionada Jueza Vera Errecarte y su posterior renuncia ya en diciembre del año pasado.

Finalmente, Florencio Bareiro, propietario de la firma vendedora Compañía Imperial del Paraguay SRL, se vio forzado a entregar una ambulancia 0 kilómetros al obtener resultado desfavorable en la justicia, instancia desde donde se ordenó el secuestro del rodado que ya fue vendido a terceros en base a las resoluciones de la jueza en cuestión.

De igual forma, la firma devolverá la suma de G. 192 millones que en su momento se había abonado por la ambulancia.