El concejal de Asunción Pablo Callizo (PPQ) y el abogado Maximiliano Seiferheld anunciaron que presentarán mañana, viernes, una ampliación de su denuncia penal en contra de la denominada “mafia del asfalto” en la Municipalidad de Asunción. La presentación se realizará a las 11:00, en la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción. El documento incorporará nuevos elementos sobre el manejo de recursos en la Dirección de Vialidad.

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Entre los nuevos elementos que serán presentados figuran registros oficiales de cargas de combustible destinadas a vehículos que ya no operaban. Los denunciantes adelantaron que las verificaciones técnicas comprobaron que dichos rodados se encontraban fuera de circulación, guardados en depósitos municipales o ya habían sido rematados.

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La presentación formal solicita que el Ministerio Público investigue la responsabilidad administrativa y penal de los mandos jerárquicos de la institución. Los nombres incluidos en esta solicitud son Nicolás Duarte, exdirector de Vialidad, Denis Godoy, administrador, y Carlos Bernal, responsable de combustible al momento de los hechos denunciados.

Asimismo, se solicitó que la Fiscalía gestione autorizaciones judiciales para realizar un análisis de las comunicaciones y dispositivos móviles de los funcionarios. Esta diligencia busca recabar pruebas adicionales sobre el manejo de fondos y recursos administrados en la dependencia comunal.

Antecedentes sobre el uso de recursos municipales y obras particulares denunciadas

La denuncia inicial presentada por el concejal Callizo el pasado 17 de julio expuso la existencia de un esquema de recaudación paralela en la comuna capitalina. Las investigaciones preliminares señalaron que el objetivo central consistía en desviar recursos públicos hacia fines privados. Todo este sistema operaba mediante el uso indebido de maquinarias e insumos de la institución.

Según los documentos presentados, el mecanismo operativo consistía en ofrecer servicios de pavimentación a propietarios de predios particulares en horas laborales. Para ejecutar dichas tareas se empleaban mezcla asfáltica, maquinaria pesada y camiones oficiales de la Municipalidad de Asunción. Los trabajos eran realizados por funcionarios municipales en horario de servicio.

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Para justificar administrativamente las labores, los operadores registraban las tareas clandestinas en planillas internas, como si fueran supuestas obras de mantenimiento vial. De esta manera se encubría el uso irregular de los materiales destinados al mantenimiento de las calles de la ciudad. Las facturas y comprobantes emitidos a las empresas privadas beneficiadas, correspondían a proveedores presuntamente simulados.

Entre las firmas que se simulaban para realizar el negocio paralelo, figuraba una empresa cuya titular se encuentra fallecida y cuyo número telefónico pertenecía a un funcionario de Vialidad. El concejal Callizo denunció que el esquema forma parte de un mecanismo de recaudación de fondos para la campaña política del oficialismo, con miras a las elecciones del 4 de octubre.

Hallazgos de la intervención y de la Fiscalía conocidos tras los allanamientos

Como respuesta a las primeras denuncias públicas, el intendente Luis Bello (ANR-cartista) dispuso la intervención inmediata de la dependencia municipal afectada. Las auditorías técnicas ejecutadas por el interventor Óscar Pérez documentaron significativas variaciones en la producción diaria de mezcla asfáltica. Los controles de consumo evidenciaron reducciones drásticas en el gasto operativo.

El interventor confirmó a ABC que el uso diario de combustible, que oscilaba entre 2.000 y 2.500 litros, descendió a 800 litros tras la implementación de supervisiones estrictas. La intervención también detectó deficiencias operativas como cámaras de seguridad descompuestas y sistemas GPS inactivos en los rodados. Estas fallas impedían realizar un seguimiento efectivo de la flota vehicular asignada.

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Por su parte, el Ministerio Público, bajo la dirección del fiscal Luis Piñánez, ejecutó una serie de allanamientos en el marco de la causa. Los procedimientos confirmaron que la empresa proveedora investigada no contaba con un local físico operativo en la dirección declarada. Durante las diligencias se incautaron hojas de ruta y registros de movimientos.

Las intervenciones practicadas en una firma automotriz y en un complejo deportivo permitieron constatar la ejecución efectiva de obras particulares. Los registros audiovisuales y contratos recabados comprobaron el uso de camiones municipales en dichos establecimientos privados.