Los gremios aglutinados en el Frente Unido del Ministerio Público emitieron un comunicado esta mañana en el marco del allanamiento en que murió el diputado colorado cartista Eulalio “Lalo” Gomes, ejecutado en su vivienda en Pedro Juan Caballero.

“Nos solidarizamos y manifestamos nuestra preocupación a los agentes fiscales, compañeros de trabajo, en el marco del allanamiento realizado”, resalta.

A la vez, desligan responsabilidad de los fiscales intervinientes, señalando que no portan armas en los procedimientos y, si en el mismo ocurre una irregularidad por parte de los efectivos policiales, hay mecanismos para investigar penalmente a estos últimos.

También resaltan que “no es facultad ni atribuciones del agente fiscal diseñar la estrategia operativa del allanamiento”, sino de los organismos de seguridad de apoyo, que están descritos en el acta del procedimiento, pueden ser la Policía Nacional o Secretaría Nacional Antidrogas (Senad).

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El Frente Unido del Ministerio Público, en ese sentido, rechaza una eventual suspensión de los fiscales intervinientes, destacando que ello paralizaría investigaciones.

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“El intento de suspender a los agentes fiscales no tiene ningún sustento legal ni atribuible a sus funciones. Al contrario, paralizarían no solo estas causas, sino todas aquellas que se encuentran en investigación sobre crimen organizado, narcotráfico y lavado de dinero”, menciona.

A la vez, los gremios manifiestan su apoyo al fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, y se adhieren al mensaje institucional emitido esta mañana por el Ministerio Público.

En la parte final del comunicado, niegan una persecución a autoridades de otros poderes del Estado “como se intenta instalar por parte de sector confundiendo a la sociedad”.

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“Lalo” Gomes murió la madrugada de ayer en su vivienda ubicada en Pedro Juan Caballero, en un allanamiento ejecutado por la Unidad de Inteligencia Sensible Antinarcóticos y Hechos Punibles Conexos (SIU-PNP), con el apoyo de las Fuerzas de Operaciones Policiales Especiales (FOPE) y encabezado por los fiscales antidrogas Osmar Segovia, Elva Cáceres e Íngrid Cubilla.