"Esto no es justicia, es el resultado previsible de un aparato militar que se investiga a sí mismo", afirmó la organización en un comunicado en el que además denunció que el sistema jurídico israelí no ofrece "perspectivas de que se exijan responsabilidades" por la muerte de sus compañeros.

Los casos se refieren a la muerte de dos trabajadores de MSF en un convoy en ciudad de Gaza(centro de la Franja), en noviembre de 2023, y de otros dos en un ataque contra un refugio de la organización en Jan Yunis (sur), en febrero de 2024.

Según el Ejército israelí, en el segundo caso sus tropas dispararon contra un edificio que consideraban una "amenaza", sin disponer de "información actualizada que indicara que pertenecía a MSF".

Sobre el convoy, los militares sostuvieron que los soldados realizaron "disparos de advertencia" ante un movimiento "no coordinado" y que las muertes pudieron deberse a "rebotes", sin que hubiera fuego directo contra los vehículos.

En ninguno de los casos, pese a reconocer "muertes trágicas" o una actuación de las tropas sin la debida información, se abrió una investigación penal.

MSF señaló que la decisión llega casi dos años después de su solicitud y tras un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Israel por la falta de respuesta de la Fiscalía Militar.

Las decisiones forman parte de las primeras cinco adoptadas por la Fiscalía Militar sobre unos 150 incidentes examinados por el mecanismo de investigación del Estado Mayor. Entre ellos figura el caso de Hind Rajab, una niña palestina de cinco años cuya muerte y la de su familia en enero de 2024 fueron atribuidas a disparos israelíes.

En este caso, el Ejército reconoció por primera vez su implicación y anunció una investigación penal.