Los fiscales Christian Benítez y Silvia González aseguraron en sus alegatos iniciales que la ahora exjueza Tania Irún Ayala cometió el hecho punible de prevaricato, y que dicho extremo será acreditado en el juicio oral y público que inició esta mañana, en contra de la exmagistrada en lo Civil y Comercial de la Capital.

Los representantes del Ministerio Público puntualizó que cuenta con los elementos para demostrar que la acusada “abusó de su cargo de jueza” al dictar una resolución “manifiestamente injusta”, contraria al derecho y que, según la acusación, vulneró la seguridad nacional y la integridad territorial de la República del Paraguay.

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“La entonces jueza tomó esta decisión (transferir tierras ubicadas en la zona de seguridad fronteriza) sin realizar ningún tipo de acto tendiente a determinar si, efectivamente, estas personas eran o no vinculadas a países limítrofes de la República del Paraguay”, expresó Benítez en parte de los alegatos iniciales.

Agregó que, incluso, Irún Ayala se encontraba con permiso de maternidad y decidió suspender dicha licencia para firmar una resolución judicial cuando tenía un interino, lo cual resulta llamativo, según lo resaltado por el agente fiscal.

Tania Irún cometió prevaricato, según fiscalía

De acuerdo con la acusación fiscal ratificada por los fiscales Christian Benítez y Silvia González, Tania Irún en su carácter de jueza no corroboró la identidad ni la nacionalidad de los representantes legales de las firmas extranjeras beneficiadas, ignoró la naturaleza de dichas empresas, ya que no verificó si las acciones o títulos de estas firmas extranjeras eran nominativos o al portador o en su caso si eran endosables.

Los agentes del Ministerio Público agregaron que dicho proceso no solo versaba sobre intereses particulares, sino también intereses de orden público y que por eso (Tania Irún) no se puede escudar en el simple hecho del trabajo de las partes cuando lo que está en juego es la soberanía nacional.

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Puntualmente respecto al permiso de maternidad que la ahora acusada tenía al momento de emitir la sentencia, licencia que inició el 24 de septiembre de 218 y se extendió hasta el 15 de marzo de 2019, el fiscal Christian Benítez expresó: “¿Qué necesidad e interés puede haber para que una madre pida el levantamiento de su permiso de maternidad al solo efecto de firmar una resolución?”.

A criterio del agente fiscal dicha circunstancia claramente no supera el sentido común ni las reglas ni las máximas de la experiencia, según remarcó.

El juicio oral y público proseguirá este viernes (24 de julio), a las 8:30, de acuerdo con lo programado por el Tribunal de Sentencia presidido por la jueza Rossana Maldonado e integrado por Francisco Rojas y Lourdes Garcete.

Acusación contra exjueza Tania Irún

La acusación presentada por la fiscala adjunta Soledad Machuca, en contra de la exjueza Tania Irún, es por supuesto prevaricato en la resolución de la demanda de las firmas Cusabo, Kyveloria, Firstar Investments y Elite Kingdom por cumplimiento de contrato y obligación de hacer escritura pública; planteada en contra de la Asociación del Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo Mundial (Secta Moon).

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La fiscalía resalta que la Comisión Interinstitucional Zona de Seguridad Fronteriza, confirmó que 22 de las 26 fincas situadas en el Alto Paraguay están ubicadas en zona de seguridad fronteriza, de acuerdo a las copias autenticadas del mapa remitidas al Ministerio Público.

En consecuencia, Tania Irún Ayala dictó la Sentencia Definitiva N° 494 del 23 de noviembre de 2018 sin tener por descartado que las firmas mencionadas tenían socios o representantes legales de países limítrofes, acciones al portador y/o en su caso títulos societarios endosables, de acuerdo a la acusación del Ministerio Público.

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El Ministerio Público sostiene que la entonces jueza en lo Civil y Comercial violó y tergiversó el derecho, apartándose de lo establecido en la Ley N° 2532; y su conducta contiene circunstancias “que sugieren parcialidad y arbitrariedad”, en consecuencia, afrontará juicio oral y público, de acuerdo a lo resuelto por el juzgado a cargo del caso y ratificado por la Cámara de Apelaciones.