El economista analizó el último informe de Moody’s Ratings y señaló que la agencia reconoce los avances del Paraguay en crecimiento económico, estabilidad monetaria y bajo endeudamiento, aunque identifica un punto débil que limita una mejora futura de la nota: la gestión fiscal y la fortaleza institucional.

“Nuestro país conserva el grado de inversión, pero la ratificación de la calificación también dejó una advertencia clara, que el principal desafío ya no está en la estabilidad macroeconómica, sino en la capacidad del Estado para fortalecer sus finanzas públicas y mejorar la calidad institucional”, afirmó González en entrevista con ABC Color.

Según el economista, Moody’s ubica la fortaleza institucional de Paraguay por debajo de otros países con la misma categoría de riesgo (Baa3), una situación que tiene efectos concretos sobre el costo del financiamiento público.

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Costo de la deuda refleja la debilidad de los ingresos públicos

Uno de los indicadores que muestra esta diferencia es la relación entre el pago de intereses y los ingresos del Gobierno.

En esa línea, González explicó que Moody’s estima que Paraguay destina alrededor del 13,1% de sus ingresos al pago de intereses en 2025, frente a una mediana de 11,8% entre los países con calificación Baa3.

La diferencia se produce pese a que Paraguay mantiene una deuda pública relativamente baja. El endeudamiento representa cerca del 42% del Producto Interno Bruto (PIB), por debajo del promedio de 59% de los países comparables.

Para el economista, el problema no está únicamente en el nivel de deuda, sino en la limitada capacidad del Estado para generar ingresos.

“La recaudación del Gobierno general representa apenas 14,3% del PIB. Esa base estrecha provoca que cualquier deterioro fiscal tenga un impacto mayor sobre la capacidad de pago”, sostuvo.

Además, señaló que más del 80% de la deuda pública está denominada en moneda extranjera, por lo que una variación cambiaria puede aumentar la presión sobre las cuentas públicas.

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Atrasos fiscales son consecuencia de un problema estructural

Moody’s también puso énfasis en los atrasos fiscales acumulados, que representan alrededor del 2,1% del PIB y reflejan debilidades en la gestión financiera del Estado.

Sin embargo, González considera que los atrasos no constituyen la causa principal del problema, sino una consecuencia de una brecha fiscal que se repite año tras año. “El problema de fondo es estructural: Paraguay genera una diferencia entre ingresos y gastos cercana al 2% del PIB de forma recurrente”, afirmó.

Según su análisis, el crecimiento del gasto público, con aumentos nominales de entre 8% y 10% anual, supera la capacidad de expansión de los ingresos tributarios, condicionados por una alta informalidad laboral.

Para González, limitar la discusión al pago de los atrasos acumulados hasta 2028 podría resolver solo el efecto visible del problema, pero no la causa que los origina. “El riesgo para Paraguay no está solamente en el stock actual de atrasos, sino en que el modelo fiscal vuelva a generar nuevas brechas en los próximos años”, señaló.

La institucionalidad marca el límite para una mejora de la calificación

Otro de los puntos centrales del informe de Moody’s está relacionado con la calidad institucional, especialmente en áreas como corrupción, estado de derecho y gobernanza.

González explicó que Paraguay logró avances importantes en materia macroeconómica durante las últimas décadas, con un Banco Central autónomo, reglas fiscales y el acceso al grado de inversión en 2024.

Sin embargo, considera que el avance institucional fue más lento. “Las variables macroeconómicas pueden cambiar en pocos años, pero las instituciones requieren procesos mucho más largos”, afirmó.

El economista recordó que Moody’s asigna a Paraguay un perfil de gobernanza G-2, una categoría que refleja una fortaleza institucional moderada, aunque con debilidades frente a otros países con calificación Baa3.

Según su análisis, una mejora futura de la nota soberana dependerá de avances concretos en áreas como lucha contra la corrupción, funcionamiento judicial, contratación pública y fortalecimiento de organismos técnicos. “

El grado de inversión actual se sostiene sobre las fortalezas macroeconómicas. Para subir de categoría será necesaria una mejora material en gobernanza”, explicó.

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Reformas fiscales evitarán presión sobre nota soberana

Moody’s identificó tres factores que podrían afectar negativamente la calificación de Paraguay: una nueva acumulación de atrasos fiscales, un deterioro en la gestión financiera y el estancamiento de reformas estructurales.

Para González, el país tomó medidas que evitan un escenario inmediato de rebaja, pero todavía necesita profundizar los cambios. “El Gobierno hizo lo necesario para evitar un downgrade (rebaja de calificación) inmediato, pero todavía no alcanza para blindar el rating en el mediano plazo”, indicó.

Entre los avances mencionó la Ley de Modernización de la Administración Financiera y la creación de la Superintendencia de Pensiones, aunque advirtió que sus resultados dependerán de la implementación efectiva.

También señaló que la reforma de la Caja Fiscal aprobada en marzo representa un avance, pero no elimina completamente la presión sobre las cuentas públicas. “El frente previsional mejora la situación, pero el problema fiscal de largo plazo requiere una ampliación de la base de ingresos”, sostuvo.

La semana pasada González realizó un análisis sobre el desequilibrio de la Caja Fiscal que refleja problemas estructurales que no fueron completamente corregidos con la reforma aprobada este año.

De acuerdo con los datos publicados por el MEF, los ingresos por aportes a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de las entidades públicas, o más conocida como Caja Fiscal, totalizaron en el sexto mes del año, G. 321.412 millones frente a los egresos que en junio sumaron G. 529.185 millones. Así, la diferencia entre los ingresos y egresos del fondo en el citado mes fue de G. 207.773 billones (US$ 34 millones al cambio actual), saldo rojo que surge porque los aportes no cubren totalmente los egresos.

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Desafío adicional: fin de recursos extraordinarios desde Itaipú

González agregó que Paraguay enfrenta un desafío adicional desde 2027, cuando podrían desaparecer los flujos discrecionales provenientes de Itaipú, estimados en unos US$ 650 millones anuales. Estos recursos actualmente financian programas sociales y gastos que no forman parte de los ingresos tributarios tradicionales.

Según el economista, la coincidencia entre ese ajuste y la evaluación futura de Moody’s representa un punto sensible para la sostenibilidad fiscal. “Paraguay tiene herramientas para enfrentar el desafío, pero la ventana para aplicarlas de manera ordenada se está reduciendo”, concluyó.