La norma que había sido presentada por el exsenador Juan Bartolomé Ramírez (PLRA), a quien Aquino reemplazó, plantea que todos los funcionarios de la empresa de seguridad que licitan con el Estado deben tener aprobada la educación media, deben estar en condiciones físicas y psíquicas para desempeñar una función y dicho certificado debe ser expedido por el Ministerio de Salud, además de contar con el permiso y portación de armas. También contempla la inscripción obligatoria en el IPS.

El senador Enrique Riera (ANR, HC), futuro ministro del Interior pidió acompañar el proyecto de ley. La senadora Desirée Masi (PDP) cuestionó que no haya claridad en las sanciones que se aplican a las empresas de seguridad privada que no inscriben a sus funcionarios en el IPS.