La Cámara de Apelaciones rechazó la recusación que planteó el ex directivo de Mocipar Fernando Román Fernández y confirmó a la jueza de Garantías Alicia Pedrozo en la causa que éste afronta junto al exdiputado colorado Dany Durand y otros, por supuesta estafa y asociación criminal.

Los camaristas Arnaldo Fleitas, Adriana Giagni y Arnulfo Arias, miembros del Tribunal de Apelación Penal, Cuarta Sala, de la Capital concluyeron que la defensa del acusado no planteó un solo fundamento válido como para separar de la causa a la magistrada.

Otra recusación suspende preliminar de Dany Durand y exdirectivos de Mocipar

La recusación planteada en contra de la jueza Alicia Pedrozo había suspendido la audiencia preliminar de los ex directivos de Mocipar, el pasado lunes 7 de julio; y la magistrado advirtió en dicha ocasión que el recurso interpuesto era “meramente dilatorio”.

Junto a Durand y Román Fernández la Fiscalía acusó a los también ex directivos de Mocipar Favio Arturo Britos Ocampos, María Patricia Espínola Durand, Luz Marina González de Durand y Diana Teresita Britos.

Esta causa se inició con la denuncia presentada por 31 clientes del Grupo Mocipar, quienes señalaron que entre el 2006 e inicios del año 2020 fueron víctimas del esquema de estafa que arrancó con el ofrecimiento para la adquisición de bienes como vehículos, inmuebles y electrodomésticos, a precios accesibles, en el programa “Domingo en Familia”, que era transmitido por televisión y estaba a cargo del propio Dany Durand.

Nueva acusación contra Dany Durand y otros directivos de Mocipar

Según la acusación los representantes de Mocipar se comprometieron a la entrega de vehículos en perfecto estado, viviendas o construcción de las mismas y a suministrar electrodomésticos, sin embargo, luego de haber pagado durante años las cuotas y haber cumplido con lo establecido por los directivos de la empresa, los clientes no recibieron nada como contraprestación.

El perjuicio patrimonial que sufrieron las 31 víctimas del esquema de estafa presuntamente implementado por la firma Mocipar, es de G. 665.004.000, de acuerdo con los informes remitidos por la Sindicatura de Quiebras a la Fiscalía.

Al respecto la acusación resalta los representantes de Mocipar, ahora acusados, no tenían la capacidad económica para cumplir con los compromisos asumidos, por no disponer de la cantidad de bienes comprometidos con los clientes, circunstancia que según los fiscales de la causa, se acredita con la gran cantidad de casos ingresados ante la Oficina de Denuncias del Ministerio Público.

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