"El pedido que ellos hicieron es financieramente imposible de financiar", declaró Lovera a periodistas mientras se cumple la segunda jornada de un paro que los galenos han amenazado con mantener de forma indefinida para reclamar, además, mejores condiciones laborales y la dotación de insumos y medicamentos en los hospitales.

Los médicos aseguran que el último reajuste salarial que recibieron fue aprobado en 2012.

Un galeno devenga como mínimo entre 5 millones (832 dólares) y 5,4 millones de guaraníes (900 dólares) según su tipo de contrato con el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, de acuerdo a datos oficiales.

En ese contexto, Lovera advirtió que para cubrir el pedido de los médicos se requerirían de unos 100 millones de dólares del presupuesto general de la nación, lo que, consideró, "resulta de cumplimiento imposible".

Para el funcionario, es además imposible un "ajuste salarial inmediato".

La propuesta del Gobierno, agregó el ministro, es "la implementación de una carrera sanitaria" en el país, que permita asignar salarios de acuerdo con la formación, especialización y las evaluaciones de desempeño.

Por su parte, la ministra de Salud, María Teresa Barán, dijo a la radio ABC Cardinal que la posibilidad de establecer una carrera sanitaria se planteó en las cuatro reuniones de negociación que sostuvieron con el Sindicato Nacional de Médicos (Sinamed), promotor de la huelga.

Barán explicó que se ofrecería "un incentivo" equivalente a un salario mínimo (actualmente fijado en 3.044.000 guaraníes o unos 507 dólares) de "forma escalonada y según disponibilidad presupuestaria" para quienes decidan especializarse.

La huelga afecta a los principales hospitales públicos, donde se suspendieron las consultas y cirugías programadas, pero no así a los pertenecientes al Instituto de Previsión Social (IPS), la entidad gubernamental que administra los fondos de pensiones y el sistema de salud de la gran mayoría de los trabajadores del país.

El Gobierno paraguayo ha reconocido una deuda de 1.270 millones de dólares con prestadores de servicios al Estado, de los cuales, según el titular de Economía, unos 1.050 millones de dólares corresponden a obligaciones con proveedores de medicamentos y servicios de la salud.