El ministro de la Niñez, Walter Gutiérrez, presentó una denuncia en el Área V del Ministerio Público, en la sede regional de Itapúa, contra 27 personas identificadas de dos comunidades indígenas, quienes estarían incurriendo en graves vulneraciones de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

La presentación de la denuncia se realizó la mañana de este lunes. Posteriormente, se llevó a cabo una reunión con la fiscal adjunta Fabiola Molas, en la que participaron el gobernador Javier Pereira (Concertación) y otras autoridades locales.

Según lo reclamado, los líderes de las comunidades obligan a los menores de edad a trasladarse a las grandes urbes del departamento (Encarnación, Las Colonias Unidas y María Auxiliadora) para pedir dinero en los semáforos y vender cualquier tipo de productos.

Apuntó a dos comunidades, entre ellas la de Guaviramí, de Trinidad, liderada por Mariano Benítez. Sobre la otra, no dio detalles, pero se presume que se trataría de la comunidad Pastoreo, de Obligado. Dijo, además, que ya han tenido conversaciones con estos líderes, pero que no están dispuestos a eliminar estas prácticas.

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El ministro Walter Gutiérrez no descartó que incluso existan otras personas involucradas en hechos contra los niños, debido a que se registró presencia extraña de extranjeros en estas comunidades, por lo que no se descarta que haya comisión de hecho punible de trata de personas, en este caso menores de edad.

Gutiérrez no descartó que incluso existan otras personas involucradas en hechos contra los niños, debido a que se registró presencia extraña de extranjeros en estas comunidades.

También indicó que se podrían comprobar casos de explotación sexual y “alquileres” de niños, niñas y adolescentes. El ministro sostuvo que el Gobierno apoya a estas comunidades, pero que, de igual manera, incurren en prácticas que vulneran los derechos de la niñez.

Expresó que en estos casos no debe primar el derecho consuetudinario, porque la Constitución Nacional estipula que los niños deben ser protegidos de cualquier tipo de explotación.

El actual ministro refirió que en 2019 presentó una denuncia similar, cuando se desempeñaba como director departamental de Niñez, pero no se tomó ninguna medida. Incluso recordó el caso en que un niño de tres años falleció atropellado en Encarnación en 2021.

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La comunidad denunciada recibe asistencia del Gobierno e, incluso, accede al programa Hambre Cero, indicó. “No podemos decir que es una cuestión social, porque el Estado les está brindando asistencia para que no expongan a los niños”, explicó.

Sostuvo que cada niño lleva alrededor de G. 100 mil a diario y que ese dinero no es utilizado para el bienestar de los menores expuestos al peligro y a la vía pública. Cada mes se despliegan grandes operativos para rescatar a los niños y, tras retornarlos a la comunidad, a los pocos días vuelven a las calles, duermen bajo árboles y en condiciones de extrema precariedad.

Gutiérrez instó a los pobladores a no dar dinero a los niños indígenas que están por las principales calles de la ciudad, porque solamente contribuyen a que se perpetúe este sistema que los expone al peligro.