El titular del sector dijo que el proyecto de la ley Mape será el nuevo marco jurídico que busca corregir la dispersión normativa y la dependencia de mecanismos temporales, al establecer reglas claras, permanentes y articuladas para la formalización, la sostenibilidad y el desarrollo productivo de este sector.

Después de reunirse con exministros, líderes empresariales, economistas y académicos, Shinno explicó que el proyecto contempla el régimen ordinario de carácter permanente para nuevos operadores y productores formalizados.

El plazo de dos años corresponde a un régimen de consolidación dirigido exclusivamente a los inscritos en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), que quedarán habilitados temporalmente mientras cumplan los requisitos establecidos.

Para el inicio o reinicio de actividades, este esquema exigirá autorización sectorial y certificación ambiental de acuerdo con las características de las operaciones de pequeña minería y minería artesanal, indicó el ministerio en un comunicado de prensa.

El ministro confirmó que el actual Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), criticado por presuntamente facilitar la minería ilegal, concluirá el 31 de diciembre próximo.

Una serie de protestas de mineros artesanales en Lima logró la extensión del Reinfo hasta fines del 2026, pero según los registros de ese sistema la mayoría de inscritos no completaban el trámite para operar formalmente.

Debido al periodo de precios altos del oro y otros metales, existen mafias vinculadas a la minería ilegal en el norte y sur de Perú que han desatado enfrentamientos abiertos con las fuerzas del orden, tras secuestrar y asesinar a decenas de trabajadores del sector.

El proyecto prevé además crear el Organismo Nacional para el Fortalecimiento de la Minería Artesanal y Pequeña Minería (Formape), adscrito al ministerio.

Este organismo emitirá las autorizaciones, evaluará los instrumentos ambientales y gestionará un sistema de trazabilidad del mineral desde su origen hasta su comercialización.

La iniciativa establece que los mineros que operen con un contrato de explotación o de cesión serán los únicos responsables de los incumplimientos ambientales y de seguridad laboral. Si trabajan sin contrato vigente, el titular de la concesión responderá solidariamente por los daños ambientales.