En la capital portuguesa, los manifestantes volvieron a ocupar la céntrica plaza de Don Pedro IV, conocida como Rossio, escenario de los sucesivos desalojos policiales de las últimas semanas, en una concentración en la que se mezclaron las reivindicaciones por una vivienda asequible con las denuncias por lo que consideran una creciente represión policial.

Inés, una de las participantes, explicó a EFE que el problema de fondo es la especulación inmobiliaria y señaló especialmente la venta de viviendas a fondos de inversión, que considera uno de los principales obstáculos para acceder a una casa.

Una preocupación compartida por Margarita, una joven que lamentó que los salarios resulten insuficientes para afrontar los alquileres. "No es posible vivir en Portugal. No es posible pagar una casa ni siquiera trabajando doce horas al día", denunció en declaraciones a EFE, además de reclamar medidas para limitar los precios de los arrendamientos.

También Anaísa, otra joven participante, vinculó el encarecimiento de la vivienda con el deterioro de las condiciones de vida. "Estamos viviendo una gran crisis, no solo de vivienda, sino también de calidad de vida", aseguró.

A su juicio, resulta cada vez más difícil formar una familia pese a tener un empleo y cumplir con las obligaciones fiscales, por lo que defendió la necesidad de salir a la calle para hacer visible el malestar social.

André Paiva, un padre de familia de 46 años, amplió el foco de las protestas al encarecimiento generalizado de la vida en Portugal, desde la cesta de la compra hasta los combustibles.

"Estamos sufriendo muchísimo a todos los niveles", dijo a EFE, al tiempo que advirtió de lo que considera un preocupante retroceso democrático.

"Estamos asistiendo en Portugal a una regresión tremenda en lo que respecta al autoritarismo, la presión policial y la represión política", denunció Paiva, para quien la concentración de este domingo responde a todas esas preocupaciones.

Entre los asistentes figuraba también António Filipe, miembro del Comité Central del Partido Comunista Portugués (PCP), quien expresó su solidaridad con las reivindicaciones por la vivienda y condenó las intervenciones policiales de la madrugada.

"Estamos volviendo a tiempos a los que sinceramente pensábamos que no regresaríamos", señaló Filipe, para quien también resulta preocupante el avance de la extrema derecha.

Filipe consideró que la violencia policial registrada en Lisboa y Oporto "no es tolerable en un régimen democrático" y explicó que su partido ha reclamado una sesión plenaria urgente de la Asamblea de la República para exigir explicaciones al Gobierno y depurar responsabilidades por las actuaciones que dejaron varios manifestantes heridos.

La preocupación por las dificultades de las nuevas generaciones también llevó hasta el Rossio a una vecina de Linda-a-Velha, localidad próxima a Lisboa, que aseguró haber acudido por sus hijas y por todos los jóvenes que carecen de una vivienda.

"Estoy aquí por mis hijas, por las hijas de todos los demás que no tienen casa", explicó a EFE, lamentando que las nuevas generaciones tengan peores perspectivas de vida que las de sus padres.

Mientras tanto, en Oporto, alrededor de un millar de personas se congregó en la plaza Don João I, donde la protesta transcurrió en un ambiente distendido, con actuaciones musicales, talleres de serigrafía y actividades infantiles, según informó la agencia portuguesa Lusa.

Las dos concentraciones fueron convocadas después de que la Policía de Seguridad Pública (PSP) interviniera prácticamente de manera simultánea, hacia las 04:30 horas, para desalojar las tiendas de campaña instaladas en ambas plazas.

Las operaciones se saldaron con trece detenidos, seis en Lisboa y siete en Oporto. Los movimientos organizadores denunciaron más de treinta heridos entre los manifestantes en cada ciudad, mientras que la PSP informó de trece agentes lesionados.

La policía justificó las intervenciones por la ocupación no autorizada de espacios públicos y aseguró que algunos manifestantes ofrecieron resistencia y arrojaron objetos contra los agentes.

Las imágenes de las cargas provocaron una fuerte controversia política y llevaron al presidente de la República, António José Seguro, a pedir explicaciones al Gobierno conservador de Luís Montenegro.

Por su parte, el ministro de Administración Interna (Interior), Luís Neves, lamentó las imágenes de violencia, aunque defendió la actuación policial y responsabilizó a una minoría de manifestantes de incumplir la ley.

Los movimientos sociales, que llevan tres semanas movilizados, exigen medidas contra la escalada de los alquileres, una mayor oferta de vivienda pública y la retirada de las reformas del mercado del arrendamiento impulsadas por el Ejecutivo de Montenegro.