La Secretaría de Economía afirmó en una nota que el laudo final, emitido el 27 de julio y publicado este miércoles por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), “habla por sí mismo” y permite acceder directamente a la decisión, sin intermediación ni interpretaciones parciales.

“El Gobierno de México es enfático en que no comparte la visión expresada por la empresa en su comunicado de prensa”, señaló la dependencia, que calificó de incorrecto afirmar que la controversia vaya “más allá” del caso Vulcan.

Vulcan Materials sostuvo este miércoles que la decisión confirma que México violó el derecho internacional mediante un trato arbitrario e injusto y que autoridades ambientales utilizaron indebidamente sus facultades para cerrar operaciones y limitar la defensa de la compañía.

La empresa afirmó además que el litigio plantea dudas sobre los derechos de propiedad, el Estado de derecho y la seguridad de las inversiones estadounidenses, y señaló que el fallo solo cubre parte de la conducta que atribuye a México.

Según Vulcan, la decisión no resuelve el cierre de mayo de 2022, la ocupación de su puerto en marzo de 2023 ni el decreto de septiembre de 2024 sobre sus terrenos, hechos que considera pendientes.

México rechazó además esa lectura y argumentó que el país es el principal destino de la inversión procedente de Estados Unidos.

El laudo precisa que México violó el artículo 1105 del Tratado de Libre comercio de Norteamércia, TLCAN, hoy T-MEC, respecto de los predios La Adelita y El Corchalito, donde la empresa pretendía realizar operaciones de extracción, pero negó daños por la primera y únicamente concedió compensación por la clausura de operaciones de la filial de Vulcan en El Corchalito.

También desestimó reclamaciones relativas a La Rosita y tarifas portuarias, determinó que no tenía jurisdicción sobre la demanda subordinada de Vulcan y declaró inadmisible la reconvención mexicana por presuntos daños ambientales.

La controversia deriva de las operaciones de extracción de piedra caliza de Calizas Industriales del Carmen (Calica), filial mexicana de Vulcan, en Quintana Roo.

El arbitraje fue solicitado en diciembre de 2018. El tribunal ordenó intereses compuestos sobre la indemnización desde el 24 de enero de 2018 hasta el pago total.

México aseguró que mantiene abierto el diálogo con la empresa y que, independientemente de posibles acciones legales posteriores, continuará defendiendo “con firmeza su soberanía y sus recursos naturales”.