El informe documenta patrones de represión y criminalización de la protesta, restricciones al espacio público, control territorial y fortalecimiento de las capacidades de seguridad y vigilancia en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, las tres sedes mexicanas del megaevento, organizado en conjunto con Estados Unidos y Canadá.

Las organizaciones reunieron estas afectaciones en un documento para dejar registro de medidas que temen puedan normalizarse más allá del torneo, señaló Josefa Gómez, del Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana (PDH Ibero).

“Nos preocupa que una vez que esas garantías ya se flexibilizaron, que ya no haya vuelta atrás”, enfatizó Gómez, quien sostuvo que “el Mundial es una coyuntura que cataliza estas afectaciones y las hace muchísimo más visibles”.

En Jalisco (oeste), el informe documenta que el fortalecimiento de la vigilancia durante la Copa de Fútbol alcanzó incluso el presupuesto relacionado con la búsqueda de personas desaparecidas.

Gina Díaz Martínez, del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD), señaló que ese anexo presupuestario aumentó 172,68 %, pero calificó el incremento como una “ilusión presupuestal”.

Según el informe, más del 90 % del crecimiento se concentró entre el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) y la Secretaría de Inteligencia y Búsqueda de Personas, sin fortalecer principalmente la búsqueda en campo, identificación humana o atención a familias.

Y el C5 pasó de 6,8 millones de pesos (unos 400.000 dólares) en 2025 a 1.345 millones (79,2 millones de dólares) en 2026, principalmente para videovigilancia y tecnologías de monitoreo.

“Mientras tenemos fosas clandestinas multiplicándose en toda la ciudad y en las inmediaciones de los estadios, servicios forenses colapsados, donde Jalisco es el primer lugar desde el 2019 a nivel nacional en personas desaparecidas, el Estado prefiere gastar en camaritas inteligentes para vigilar las avenidas de tránsito”, cuestionó Díaz.

Entre el 1 y el 30 de junio, las organizaciones verificaron 50 registros de 21 episodios de protesta, 18 en Ciudad de México. En 40 constataron presencia de agentes estatales y patrones diferenciados de contención.

Por una parte, predominaron los encapsulamientos de familias buscadoras, que exigían respuestas ante la crisis de más de 134.000 registros oficiales de desaparecidos, y por otra, una violencia más intensa contra maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

A estos operativos se sumó una estrategia discursiva que, según Gómez, “no usó una narrativa directamente criminalizante contra la protesta, sino una estrategia de estigmatización” que “creó condiciones para minimizar la gravedad del uso de la violencia”.

El informe también registra hostigamiento de personas en situación de calle en Ciudad de México y Guadalajara, así como acciones de reordenamiento urbano que afectaron a poblaciones indígenas, colonias populares y familias buscadoras en Monterrey.

Además, documenta afectaciones a periodistas durante al menos seis protestas y 11 agresiones contra mujeres periodistas durante el torneo.

Finalmente, Adriana Quiroz, de la Red TDT cuestionó que no se estableciera cuándo terminarían algunas medidas de seguridad ni cómo serían retiradas, y señaló el uso de policías vestidos de civil.

“Especulativamente también esto funciona como un laboratorio, para ver qué tanto pueden lanzarlo, hacerlo y qué tanto nosotros también nos quedamos callados”, zanjó.