El Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) decidió cancelar el millonario llamado a licitación para la “Adquisición de Uniformes Escolares”, que había lanzado en enero de este año para comprar uniformes por G. 51.923 millones (US$ 7,6 millones) para 236.014 alumnos.

El pedido de cancelación de la licitación fue remitido ayer, lunes 1 de diciembre, a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).

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En la misiva, firmada por la directora de Contrataciones del MEC, María José Carrillo, se adjunta la resolución 1.893 firmada el 25 de noviembre por el ministro de Educación, Luis Ramírez, por la cual “se cancela el llamado a licitación de uniformes escolares”.

Desde que se lanzó la convocatoria a inicios de este año, la licitación cuenta con más de 148 denuncias, reclamos y consultas, según se puede ver en el sitio web de la DNCP. Empresas del rubro de las prendas advirtieron sobre posibles direccionamientos por los “requerimientos desmedidos”, elaborados por la entidad educativa en el pliego de bases y condiciones.

Las denuncias

El pedido para que las empresas oferentes cuenten con 200 costureros en relación de dependencia, registrados en IPS, cuando son escasas las fábricas textiles que tienen esta cantidad de costureros, fue uno de los puntos reclamados por las firmas privadas.

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Además, exigían contar una capacidad de producción de 10.000 prendas por día y que las proveedoras tengan una fábrica propia o alquilada de una extensión de 1.500 m2, algo que difícilmente alguna firma local del rubro cumpla, según los posibles oferentes.

El oferente debía justificar el uso de algodón orgánico con reducción del 50% en consumo de agua en el proceso de teñido y asegurar condiciones de comercio justo en la cadena de suministro.

Según las protestas, esta materia prima se fabrica en Brasil y no en Paraguay, encima, se utiliza más en prendas de moda y no en ropa escolar.

Docentes reclaman que “se prioriza el negocio”

Gabriel Espínola, secretario general de la Organización de Trabajadores de la Educación (Otep - Auténtica), también cuestionó este llamado a licitación por parte del MEC.

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“Es resultado de la falta de planificación y la priorización del negocio al derecho. Si se hubiese priorizado el derecho, por ejemplo, a la vida digna, se hubiese establecido un mecanismo en la cadena de producción para que funcione”, manifestó el sindicalista.

Empresas cercanas a Cartes dictaron los precios

El precio de referencia establecido por el MEC para la licitación se determinó tras consultas a la empresa Texcin Group, propiedad de Andrés Gwynn y sus hijos José Ignacio Gwynn y Tomás Gwynn. Además fue consultado Grupo Basic, cuyo directivo es también Andrés Gwynn, amigo, socio comercial y ex asesor internacional del titular de la ANR, Horacio Cartes, cuando fue presidente de la República entre 2013 y 2018.

El empresario Andrés Gwyn tienen otro vínculo con Cartes. La empresa Textil San Francisco, cuya planta industrial estaba instalada en el barrio San Francisco, de Zeballos Cué, tiene como copropietaria a Chiara Capdevilla, pareja del presidente del Partido Colorado.

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La planta industrial de esta empresa había sido construida con una inversión de Itaipú por G. 4.300 millones, con capacidad inicial de otorgar 200 fuentes de trabajo, casualmente, la cantidad de empleados requeridos en el pliego de condiciones que exige el MEC para adjudicar los uniformes.

Esta planta industrial del barrio San Francisco fue desmontada este año, luego que se suspendiera por segunda vez la licitación.

Justificación del MEC

Un dictamen elaborado por la Dirección de Asesoría Jurídica del MEC, cuya fecha es del 19 de noviembre, indica que para cancelar la licitación se basaron en un nuevo listado del Gobierno que amplía la cantidad de distritos priorizados a los que iban a ir destinados estos uniformes.

El documento sostiene que en marzo del 2024, una mesa de protección social instalada determinó que son 22 los distritos priorizados por mayor cantidad de pobreza, y estas ciudades iban a ser las beneficiadas con las vestimentas escolares.

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No obstante, en abril de este año, la priorización sumó a 4 distritos más, pasando de ser 22 a 26. “Dada esta variación de distritos priorizados a nivel nacional, se requiere la cancelación del llamado, ya que de mantenerse, generaría desigualdades en la población beneficiaria”, indican.

La entidad educativa no descarta la “reformulación” del proyecto en un nuevo procedimiento ajustado a la lista actualizada de distritos priorizados.