Esta semana, la Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de ley que elimina las excepciones legales que permiten hasta ahora el matrimonio con menores de edad, a partir de los 16 años con el aval de los padres, tutores o un juez, pero según el diputado Daniel Centurión (ANR, Añeteté), al no haber una sanción efectiva, teme que la prohibición sea letra muerta o se preste a la corrupción.

Centurión comenzó alegando que no votó en contra del proyecto de prohibición del matrimonio con menores, sino que no se consignó su abstención, ya que él justamente había planteado agregar un marco penal para el castigo específico.

“Realmente mi posición fue la de la abstención y con algunos colegas abogados estábamos hablando sobre la eficacia. Celebramos este proyecto que se aprobó el día de ayer, pero ¿cuál es la eficacia cuando existe una prohibición, pero no existe una sanción?“, señaló el diputado.

El mismo refirió que pidió a sus colegas postergar por una semana para incluir este otro proyecto que presentó hoy, “que incorpora el artículo 224 a la Ley Nº 1160/1997, Código Penal, y establece responsabilidad penal por la celebración dolosa de matrimonios prohibidos entre niños, niñas o adolescentes”.

“Nosotros lo que queríamos era que fuera de la mano el alcance penal de esta prohibición y hoy estamos presentando el proyecto donde se tipifica taxativamente este delito y donde se individualizan las responsabilidades penales”, indicó.

Al respecto, planteó el castigo, a todos los implicados en casos de matrimonio con menores, salvo al menor, y, con especial énfasis a los funcionarios que violen la ley para avalar estos casos.

“El adulto que se casa con una menor, va a tener una sanción penal de hasta 3 años de cárcel, los padres o tutores que promocionen o sean cómplices de este tipo de delito van a tener una sanción penal de hasta 3 años, y el funcionario público que se preste a lo mismo va a tener una sanción de hasta 5 años”, dijo Centurión.

En el proyecto presentado, se establece claramente en el artículo 5º que “el Niño, Niña o Adolescente no será punible por su participación, consentimiento o intervención en el matrimonio prohibido en virtud de este artículo”.

El proyecto también establece que, para que se consuma el castigo, debe haber dolo demostrado.

El otro problema aún más difícil de abordar es el de las uniones de hecho con menores, ya que son la mayoría. Según datos oficiales, hasta 2023, 7.108 adolescentes mujeres de entre 15 y 17 años se encontraban en situación de matrimonios y uniones infantiles tempranos y forzados.

De dicho número, 6.335 (89,1%) se encontraba con estado civil de unión de hecho y 773 (15,5%) estaban casadas.

Al respecto, Centurión dijo que esa es otra problemática que entiende que otras colegas están estudiando en paralelo.

“Eso también había hablado la proyectista, la diputada Dalia (Estigarribia) y eso se está trabajando también en la Comisión de la Niñez y la Adolescencia, y una vez que se plantee, por supuesto, que vamos a acompañar”, sostuvo.

Penalmente, las uniones de hecho y más cuando hay embarazos, se pueden castigar con figuras penales ya existentes, como el abuso sexual en menores, pero el principal problema es que se normalizan, hasta por parte de las autoridades.

“Nosotros tenemos que buscar la eficacia de una prohibición, y más aún cuando se trata de este tipo de delitos, ser claros en la legislación, y la legislación va a tener una carga penal cuando se cometa este tipo de delitos”, insistió Centurión.