Según subrayó el presidente, esta cifra demuestra que era una medida necesaria, aunque fue duramente criticada por la oposición de derechas.

Sánchez participó en la presentación del Plan de Integración y Ciudadanía, que, según anunció, estará dotado con 500 millones de euros el primer año y cuya primera medida es, precisamente, esta regularización para dar permiso de residencia y trabajo a quienes ya viven en España.

Acerca del proceso de regularización, destacó que detrás de cada petición hay una persona que ya vive en el país y que, a partir de ahora, formará parte de la sociedad con todos los derechos y deberes.

El presidente del Gobierno defendió que "no hay integración posible sin regularidad" y defendió la regularización como "un paso clave para sacar de la invisibilidad" una realidad que existe y que afecta a cientos de miles de personas que ya viven en España. "La exclusión no protege a nadie", concluyó.

El Ejecutivo español puso en marcha este proceso de regularización el pasado 16 de abril y finaliza este 30 de junio.

La previsión era que se beneficiaran al menos medio millón de personas de personas que residan en España desde antes del pasado 1 de enero y demandantes de asilo que lo hayan pedido antes de esa fecha, siempre que acrediten un mínimo de cinco meses seguidos en el país cuando presenten la solicitud y no tengan antecedentes penales.

Los inmigrantes deberán aportar, entre otros documentos, aquellos que demuestren el tiempo de estancia en España, el certificado de antecedentes penales y, solo en algunos casos, un informe de vulnerabilidad certificado por una ONG acreditada por el Gobierno como colaboradora en materia de extranjería.

Durante el acto de este martes, Sánchez se refirió a Diana, una mujer peruana con la que se reunió y que vivió en España tres años sin papeles, separada de sus hijos y trabajando como trabajadora del hogar interna sin contrato ni derechos.

Su vida cambió gracias a la regularización llevada a cabo en 2005 por otro gobierno socialista, una historia que Sánchez calificó de "éxito personal" pero también de "fracaso colectivo" porque ella ya vivía, trabajaba y contribuía a España y esta le negó durante años la posibilidad de hacerlo con derechos y aportar su talento al país.