Un total de 7.029 personas se vieron obligadas a desplazarse, de las que cerca del 80 % son mujeres y niños, según indicó la agencia de Naciones Unidas en un comunicado.

Según los informes de seguimiento de la OIM, los desplazados se han trasladado principalmente a otras zonas de Cabo Delgado, donde están siendo acogidos por comunidades locales o alojados en centros temporales y de reasentamiento que ya albergan a víctimas de un conflicto que se prolonga desde 2017.

"Más familias buscan seguridad en comunidades que ya acogen a personas desplazadas por la violencia", advirtió la jefa de la OIM en Mozambique, Dana Graber Ladek.

"Estas comunidades necesitan ayuda con alimentos, alojamiento y atención sanitaria. Sin apoyo a tiempo, la vida podría volverse mucho más difícil para las familias desplazadas y para las personas que las acogen", añadió Ladek.

Entre el 21 de septiembre y el 13 de octubre fueron desplazadas 5.794 personas, mientras otras 1.235 huyeron entre el 14 y el 27 de octubre.

Sólo durante esas dos últimas semanas se desplazaron 584 niños y 386 mujeres, entre ellas 87 embarazadas, además de 58 personas mayores, 18 personas con discapacidad y cuatro menores no acompañados o separados de sus familias.

La alimentación constituye la necesidad más urgente para el 88 % de las familias evaluadas, seguida por el alojamiento, mencionado por el 71 %; y la atención sanitaria, por el 44 %.

En octubre, Cabo Delgado albergaba ya a más de 205.000 desplazados distribuidos en 84 lugares de acogida, más de la mitad de ellos menores, según la OIM.

La provincia es escenario desde 2017 de un conflicto protagonizado por el grupo yihadista Al Sunnah wa Jamaah (ASWJ), más conocido localmente como Al Shabab, aunque no guarda relación con la organización homónima de Somalia.

La violencia ha obligado a numerosas familias a abandonar sus hogares en repetidas ocasiones y ha provocado una prolongada crisis humanitaria en la región.

La OIM advirtió de que la llegada de nuevos desplazados aumenta la presión sobre comunidades que ya tienen dificultades para atender a quienes huyeron anteriormente, mientras disminuyen los recursos disponibles para la respuesta humanitaria.