El usurero luqueño Ramón González Daher y su hijo, Fernando González Karjallo fueron condenados en el 2021 a 15 y 5 años de cárcel, respectivamente, por usura grave, lavado de dinero y denuncia falsa. González Karjallo además fue condenado por lavado de activos provenientes de la usura, sentencias que hoy cumplen el Centro Penitenciario de Reinserción Social Martín Mendoza, en Emboscada.

Además de las penas de cárcel, el Tribunal de Sentencia ordenó también el comiso especial de los bienes del clan por G. 240.554.525.035 y US$ 11.711.977, es decir, más de US$ 53 millones al cambio actual de la moneda americana (G. 5.800), monto es fruto de los intereses excesivos pagados por las víctimas de la usura.

Sin embargo, actualmente existe un proceso de remate de varios de los inmuebles comisados y actualmente administrados por la Senabico, lo que generó que varias de las personas que adquirieron los terrenos a través de las inmobiliarias, hoy se queden sin casa, según denuncian.

“El temor es a la subasta. Una fobia tenemos a la subasta. Es como si alguien estuviera en terapia intensiva, me puede tocar a mí, le puede tocar a ella o a cualquiera de nosotros, el Estado subastó una cosa que nos pertenecía, todo pagado, libreta de todo pagado y subastó igual. Entonces, las 260 familias estamos preocupados que el día de mañana nos toque a nosotros”, dijo Higinio Torales, uno de los afectados.

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Temen quedarse sin casa por subasta

Insistió en el pedido de frenar la subasta de la Senabico, ya que se prevé se realice nuevamente en diciembre. Contó que una casa se subastó hace días, de una señora de nombre Ninfa, que ya había pagado por la totalidad de la misma.

Sobre la apertura de la cuenta judicial, donde se deposita el dinero de las subastas, dijo que de acuerdo a la información que manejan, ya tendría más de G. 3 millones. Nilda Benítez, de la ciudad de Luque, Cañada Garay, dijo que son más de 100 familias afectadas, todos compradores de buena fe.

“Nos acercamos en un momento a la inmobiliaria quedando que en algún momento vamos a tener nuestro título en nuestras manos. Llegamos, pagamos todo, después de 10 años pagamos todo nuestro terreno, sale y nos dice que no nos puede dar nuestro título, porque nuestro terreno había sido no era luego de la inmobiliaria, era de González Daher”, detalló.

Lamentó que se encuentran en esta situación, cuando durante años sacaron dinero “de la boca de nuestros hijos” para poder pagar sus casas, siendo que la mayoría son trabajadores que ganan salario mínimo.

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“Yo vivo hace 10 años en mi casa. Mi hermana vive hace 20 años. Hay familias que tienen cinco hijos. Trabajadores por sobre todas las cosas. De lunes a lunes trabajamos para tener y hoy en día nos salen con esto de que con miedo nos quedamos, con el Jesús en la boca, como se dice”, sostuvo.

Denuncian que inmobiliaria no avisó decomiso ni subasta

Laura López, otra de las afectadas, dijo que pagaron entre 120 y 130 cuotas, y ahora de la nada les decomisaron, sacaron sus terrenos y los van a subastar, incluso cuestionó que los de la inmobiliaria sabían que ya estaba procediendo al juicio a los González Daher en el 2019, pero seguían vendiendo sus inmuebles.

“Toda esta gente que está acá compró en el 2010, 2015. Imagínense, yo compré en el 2020 mi terreno. Ni enterada estaba que mi terreno ya contaba con problema. Aún así ellos en su mala fe me vendieron este terreno. Ellos no me informaron hasta hoy en día, 28 de septiembre, nadie, ninguno de los adquirentes de buena fe que pagamos mensual”, denunció.

Aseguró que son 300 familias afectadas, por lo que exigen que el Estado paraguayo les dé una solución, a fin de frenar las subastas y que no queden sin sus casas. También denunciaron que aproximadamente 50 familias fueron engañadas por abogados que no les avisaron nada, pese a que ya se sabía que aproximadamente 90 propiedades iban a ser subastadas.

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Carolina Candia es una de las afectadas de la fracción Villa Emilia, que está acá camino a Emboscada, contó que adquirió su terreno en el 2002 y pagó todo en el 2013, pero hasta ahora no puede titular.

“Nosotros sí que allá no tenemos salida. Estamos en un barrio cerrado y no podemos titular. Estamos muy defraudados. Queremos que la inmobiliaria también se haga responsable de lo que nos está pasando y no puede ser esto también, que la Senabico ahora quiera rematar nuestros terrenos con nuestras casitas”, criticó.

Agregó que presentaron todos los documentos a la jueza Sandra Kirchhofer y ella les prometió que no se iban a tocar sus terrenos; sin embargo, ya se realizaron los remates. Dijo además que no cuentan con el dinero para comprar otra casa, por lo que de ser subastadas, no tendrían a donde ir, por lo que viven en zozobra.