Este martes, asegurados y jubilados del Instituto de Previsión Social (IPS) se manifestaron frente a la sede de la Fiscalía General del Estado, en Asunción, para pedir a las autoridades del Ministerio Público que se asegure de obtener justicia en el proceso abierto a funcionarios y a dos expresidentes de la previsional por supuesta lesión de confianza.

El Ministerio Público imputó a los expresidentes del IPS Vicente Bataglia y Jorge Brítez, y a otros siete funcionarios, acusándolos de haber causado un daño patrimonial de más de 60.000 millones de guaraníes al IPS debido al fracaso de un proyecto de construcción de un quirófano modular en el Hospital Central de la previsional.

Ese proyecto, hasta ahora inconcluso, fue aprobado y adendado durante las administraciones de Bataglia y Brítez a pesar de que problemas estructurales en el edificio imposibilitaban su concreción.

Gustavo Canata, presidente de la Unión de Jubilados del Paraguay, manifestó que la movilización tuvo el fin de “dar apoyo” a la Fiscalía y, al mismo tiempo, dejar clara la “preocupación” de los pensionados y asegurados y su deseo de que “se saque a los culpables y que vayan a prisión, y si se puede que devuelvan todo lo malversado”.

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Representantes de la Unión de Jubilados y la Asociación de Asegurados del IPS se reunieron hoy con el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, a quien también manifestaron su opinión de que debería haber más personas imputadas en el marco del proceso abierto.

Los manifestantes rechazaron la decisión del fiscal del caso, Julio Ortiz, de no imputar a los miembros del Consejo de Administración del IPS que aprobaron el proyecto y sus adendas. “Creemos que los miembros del consejo son responsables”, dijo.

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El fiscal López argumentó la semana pasada que los consejeros no tienen poder de decisión sobre las licitaciones de la misma forma que los funcionarios que propusieron el proyecto de construcción de los quirófanos o los expresidentes, quienes tenían responsabilidad como administradores de gastos de la previsional.

Canata indicó que el fiscal general Rolón les manifestó su compromiso de que “va a continuar el proceso” y que todas las personas involucradas serán procesadas.

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“La Fiscalía General del Estado está ante un desafío muy importante, el de la corrupción institucionalizada”, dijo Julio López, presidente de la Asociación de Asegurados. “Le dijimos (al fiscal general) que es de fundamental importancia la responsabilidad que tiene la Fiscalía. No solo queremos que los responsables paguen sus culpas, sino que se devuelva lo robado”.