La intervención en la Dirección de Vialidad de la Municipalidad de Asunción, ordenada por el intendente Luis Bello (ANR-HC) tras denuncias de presunto uso irregular de recursos públicos para obras privadas, empieza a arrojar los primeros resultados y elementos sospechosos dentro del esquema investigado.

En entrevista con ABC Cardinal, el interventor designado, Óscar Pérez, confirmó que tras las primeras verificaciones internas se identificó a un funcionario de la propia Dirección de Vialidad cuya línea telefónica coincide plenamente con los datos que figuran en las facturas emitidas por la firma “AP Construcciones”, empresa señalada en las denuncias por ejecutar trabajos de asfaltado en predios privados.

Como primera medida cautelar mientras avanza la investigación, el funcionario en cuestión fue apartado de la unidad y puesto a disposición de la Dirección de Recursos Humanos para su reubicación.

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Reducción de hasta 600 litros diarios en combustible

Otro de los puntos llamativos detectados al inicio de la intervención tiene que ver con el suministro y consumo de carburante en la flota de vehículos y maquinaria pesada de la planta. Según detalló Pérez, mientras el consumo promedio habitual registrado en la dependencia rondaba los 2.000 litros diarios, en la jornada de este martes la recarga requerida disminuyó drásticamente a 1.402 litros, registrando un sobrante y un margen de diferencia cercano a los 600 litros menos en un solo día.

“Por lo menos en la flota de vehículos y maquinarias que estuvieron operando desde el momento de la intervención, ya encontré un margen de diferencia que no es menor en relación al consumo diario que se estaba haciendo en otros tiempos”, señaló el interventor, aclarando que los auditores analizarán la conducta del consumo de los próximos días para determinar el impacto real.

Dos denuncias en la mira: asfalto y predio deportivo

Respecto a las versiones periodísticas sobre el volumen de insumos utilizados, Pérez aclaró que las 70 a 80 toneladas de asfalto mencionadas inicialmente correspondieron al informe del total de material que salió de la planta en un día determinado, y no necesariamente al volumen total volcado en las obras irregulares. Aclaró que el monto exacto utilizado de forma ilícita se precisará al término del peritaje.

Asimismo, confirmó que dentro de la investigación se incluyó formalmente la denuncia sobre el recapado de un predio deportivo privado ubicado en la zona de la avenida Perón, sumándose al caso de los asfaltados en predios particulares denunciados por el concejal opositor Pablo Callizo.

Sobre la supuesta vinculación de una mujer de nombre Lilian Ramona Benítez Ortiz -quien figuraría como titular de la firma emisora de las facturas-, el interventor indicó que, de acuerdo a los registros preliminares, la misma no forma parte de la nómina de funcionarios municipales, aunque se solicitarán informes a las instituciones correspondientes para certificar su identidad y estado.

Pérez añadió que un equipo de la Dirección de Contraloría interna acompaña las auditorías en la planta operativa para remitir un informe final al Ejecutivo Municipal, de modo a deslindar responsabilidades y, de corroborarse hechos punibles, derivar los antecedentes al Ministerio Público.

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