La presidenta de la Asociación Paraguaya de Enfermería, licenciada Mirna Gallardo, expresó su preocupación por los enfermeros afectados por la denominada “mafia de los pagarés”. Durante una audiencia realizada hoy, destacó que el objetivo fue visibilizar la situación que no solo afecta a enfermeros, sino también a maestras, policías y otros trabajadores.

“Tenemos compañeras activas y jubiladas afectadas. Fue una exposición necesaria para mostrar lo que está ocurriendo. Es una situación grave que atenta contra los trabajadores”, afirmó Gallardo a la 730 AM.

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Según explicó, el gremio se contabilizan al menos 38 enfermeros afectados. Relató que anteriormente había una asociación del Hospital de Clínicas. Una de las abogadas de aquella organización vendió información y, junto a otros profesionales, montó una estructura que creó pagarés falsos, que llegó a afectar incluso a personas ya jubiladas.

Salarios eran descontados sin derecho a defensa

Gallardo relató que las víctimas se enteraban de los descuentos únicamente cuando los mismos ya se aplicaban en sus salarios, sin haber tenido derecho a una defensa previa.

“Están robando a los trabajadores y no podemos hacer nada porque la decisión del juez es irrevocable. Todo es muy lento en esta justicia”, lamentó.

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Relató que los descuentos van desde 20 millones hasta 40 millones de guaraníes. “Necesitamos que se dé celeridad a los casos porque los descuentos siguen aplicándose y muchas compañeras están sufriendo una agonía de años”, expresó.

El compromiso del gremio sigue firme

A pesar de que algunas de las afectadas ya están jubiladas y no son socias activas del gremio, Gallardo aseguró que el acompañamiento continúa por respeto y solidaridad.

“Vamos a seguir golpeando puertas. Vamos a seguir los casos. Ellas fueron nuestras compañeras, nuestras maestras. Hoy son víctimas de esta mafia”, subrayó.

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Finalmente, advirtió que cuentan con pruebas de que los estudios de los casos están siendo mal elaborados y que los resultados están siendo amañados. Insistió en que la justicia debe actuar con mayor rapidez para frenar el perjuicio contra los trabajadores afectados.